Urdangarín admite que trató con su socio hasta 2008 pese a la prohibición del Rey
En un interrogatorio maratoniano, alega que no incumplió la orden porque «una cosa es compartir un proyecto y otra, una sociedad». No supo explicar el destino de los 400.000 euros que reclamó a «Pepote» Ballester
La segunda jornada de la maratoniana declaración como imputado de Iñaki Urdangarín en los juzgados de Palma de Mallorca, que concluyó a la 1.30 horas de la madrugada , reveló algunos detalles importantes sobre la intervención en 2006 de la «Casa Real» —también se refirió a ella como «Casa de Su Majestad el Rey»— para que abandonase la presidencia del Instituto Nóos. Según admitió, además de recibir la orden de no volver a contratar con las administraciones públicas, desde el Palacio de la Zarzuela se le pidió, primero, que no ocupase cargo alguno en entidades del mismo tipo y, segundo, que no volviese a ser socio de Diego Torres.
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Este pasaje del interrogatorio se produjo cuando se analizaba un correo electrónico intervenido en el que Diego Torres le dice al contable del Duque de Palma: « Este último año hemos trabajado juntos en cinco proyectos . He hecho los cálculos suponiendo que vamos al 50 por ciento de los beneficios». Marco Tejeiro, que hacía ese trabajo para Urdangarín, le da cuenta de inmediato a su jefe.
«Estos son tus números»
Tres días más tarde, el Duque de Palma responde directamente a Diego Torres que «estos son tus números, no los entiendo y es más, estoy en total desacuerdo», lo que marcó la ruptura definitiva de los dos antiguos socios, que Urdangarín atribuyó a «diferencias en los proyectos empresariales».
Ayer, Urdangarín admitió que siguió haciendo negocios puntuales con Torres hasta la fecha del correo electrónico, en 2008, aunque se esforzó en aclarar que ello no suponía incumplir la orden de la Casa Real —nunca citó al Rey— de que dejase de ser socio de esa persona: « Me dijeron que abandonase Nóos, pero no que no pudiera seguir teniendo una actividad mercantil con mis empresas, siempre que no estuviera implicada una administración. Una cosa es hacer un negocio concreto con Torres y otra compartir una sociedad con él», precisó. Y añadió que no se trataba de cinco proyectos, como dice el texto del correo electrónico, sino solo de cuatro.
Algo molesto
Poco después, y en un tono que por primera vez en su declaración denotó cierto malestar por la temática de la que se hablaba, añadió que «tengo derecho a tener actividades mercantiles propias». Tampoco parece que cumpliera la tercera orden de Zarzuela , la de no relacionarse con entidades como Nóos, ya que junto con Torres habría utilizado una fundación de ayuda para niños discapacitados. Esta fundación figuraba como la principal y casi única accionista de una sociedad que, según la investigación, fue utilizada en la trama para sacar dinero de España de forma opaca.
Asimismo, Urdangarín reconoció ayer haber llamado «dos o tres veces» en 2007 a su entonces amigo y director general de Deportes balear, José Luis «Pepote» Ballester, para que pagara al Instituto Nóos los 400.000 euros pendientes del segundo convenio de colaboración, a pesar de que desde marzo de 2006 había abandonado, al menos aparentemente, esa entidad sin ánimo de lucro. Urdangarín justificó esa llamada en que su antiguo socio le había pedido que mediara con la administración de esa Comunidad, ya que sin ese dinero no podía seguir funcionando. Ballester, según explicó ayer el Duque de Palma, decía por su parte que había «tensiones de caja» en la Fundación Illesport, que era la que debía hacer el abono.
En su día «Pepote» Ballester, también imputado en esta causa, explicó al juez que decidió retener ese pago porque no estaba conforme con el trabajo de Nóos, ya que incluso una parte de los servicios acordados no se había prestado. Esa negativa, que además comunicó a la entonces jefa de gabinete de Jaume Matas, Dulce Linares, provocó la discusión que rompió definitivamente las relaciones entre los dos amigos. No obstante, al final se abonó esa cantidad.
500 preguntas del juez
El Duque de Palma había insistido antes en que el Instituto Nóos era una entidad sin ánimo de lucro y que, por tanto, si había beneficios se invertían en el siguiente proyecto. Sin embargo, al ser preguntado por estos mismos 400.000 euros que pidió que pagara «Pepote» Ballester, de los que buena parte fueron a parar a su empresa Nóos Consultoría, no supo dar una respuesta coherente .
Tras el larguísimo (unas 500 preguntas) y por momentos tedioso interrogatorio del juez —en cada pregunta hizo largas exposiciones previas, hasta el punto de que en una ocasión Urdangarín le replicó «¿cuál era la pregunta?»—, tocó el turno del fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, quien intervino durante casi siete horas . Al ser quien ha llevado todo el peso de la investigación y, por tanto, quien mejor la conoce, hizo preguntas concretas. La primera parte de su intervención se centró en unos «fantasmagóricos juegos europeos» —una especie de juegos olímpicos para el Viejo Continente— que, según el proyecto que presentó a la Generalitat valenciana, podían organizarse en la capital del Turia.
Si el sábado había explicado que se reunió con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y con el presidente de la Comunidad, Francisco Camps, para acordar la firma de los convenios de colaboración, ayer admitió que también le había presentado a éste el citado proyecto deportivo, con un presupuesto de 296 millones, de los que él y su socio cobrarían seis por su trabajo. Según dijo el Duque de Palma, el entonces presidente valenciano le respondió que lo estudiaría.
Seis millones en las cuentas
No obstante, el Gobierno valenciano presupuestó tres millones de euros para 2005 y otros tantos para 2006 para los estudios previos de este proyecto, por lo que al menos de forma tácita la Fiscalía sostiene que sí parecía estar apoyado por la Generalitat. Torres y Urdangarín intentaron cobrar el primero de los años dos millones de euros en facturas emitidas por las empresas de la «trama Nóos», que fueron rechazadas, bien por no existir físicamente el trabajo facturado o por no estar identificado quién lo hacía.
Sí se aceptó pagarles, en cambio, 248.000 euros por estudios e informes del tipo «Qué es el fútbol. Reglamentación», realizados por la empresa Lobby Comunicación, propiedad del también imputado Miguel Zorío, dos de cuyas empleadas admitieron haberlos hecho por el procedimiento de «corta y pega» de contenidos encontrados en internet. Isabel Villalonga, entonces subsecretaria de Presidencia, está imputada por estos hechos.
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