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La decisión del nuevo secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, de incluir al presidente andaluz, José Antonio Griñán, en la nueva Ejecutiva federal como presidente tiene como objetivo evidente salvar la imagen política del candidato socialista en las inminentes elecciones autonómicas, muy deteriorada tras su mal disimulado apoyo a Carmen Chacón en el congreso del partido del pasado fin de semana. Rubalcaba, quien llegó a mantener un áspero enfrentamiento telefónico con Griñán en vísperas de la cita de Sevilla, accedió a amnistiar a este para no perjudicar las opciones del PSOE en la cita con las urnas del 25 de marzo, pero no sería de extrañar que el presidente andaluz continuara causando problemas graves, aun sin mover un dedo, a la nueva Ejecutiva que dirige el partido.
Y es que Griñán aparece estrechamente vinculado al escándalo de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos y, aunque la juez instructora, Mercedes Alaya, va ascendiendo lentamente en la pirámide administrativa y está todavía lejos de los primeros cargos de la Junta de Andalucía, lo cierto es que numerosos indicios apuntan a alguna responsabilidad —por acción u omisión— del actual presidente en los hechos. De hecho, el PP ya ha señalado reiteradamente a Griñán como responsable de la trama que el juzgado investiga en la Consejería de Empleo.
De 2005 a 2007, cuando se produjeron los hechos, Griñán era consejero de Economía, y la Intervención General de la Junta le remitió hasta ocho notificiaciones —tres informes anuales incluidos— que alertaban sobre la ilegalidad del procedimiento con el que se estaban financiando los ERE. Cuando los documentos salieron a la luz, la entonces viceconsejera de Economía y actual titular de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, asumió la responsabilidad y declaró que no pasó el informe a Griñán por no considerarlo relevante. Martínez Aguayo se«incineró» políticamente para salvar a su jefe: asumió el grave error, pero nunca presentó su dimisión por esta decisión de fatídicas consecuencias.
No es el único vínculo que acerca el conflicto al nuevo presidente del PSOE. El actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, y su predecesor, Juan Márquez Contreras, ambos pertenecientes al equipo de Griñán, ya han sido imputados por la juez Alaya por su presunta responsabilidad en los hechos.
Menos relevante jurídicamente ha sido la vinculación con el fraude de los ERE de Gaspar Zarrías, recién designado secretario de Política Municipal del PSOE, aunque son muchos los indicios que le podrían acercar al escándalo en cualquier giro procedimental de la instrucción judicial. El primer ERE que se gestionó con el procedimiento ideado en Empleo y financiado con el «fondo de reptiles» fue el de Cárnicas Molina, una empresa jiennense muy vinculada con el aparato político local que gestionaba Zarrías. El mediador en dicho ERE fue Juan Lanzas, un sindicalista que se vanagloriaba de ser íntimo amigo del dirigente jiennense. Lanzas es una de las figuras clave de la presunta trama, ya que aparecía como «conseguidor» que ponía en contacto a las empresas con la Junta de Andalucía para beneficiarse de estas ayudas que se concedían al margen de los controles administrativos. Lanzas también participó como mediador en los ERE concedidos a empresas del Grupo Dhul, y el abogado de la empresa de la familia Ruiz Mateos vinculó directamente a Zarrías con la operación.
La redención forzada de un Griñán blindado por su candidatura electoral y la apuesta por Zarrías como hombre fuerte del rubalcabismo en Andalucía suponen, en definitiva, una apuesta arriesgada de Rubalcaba, que tiene dos piezas clave de su Ejecutiva susceptibles de ser derribadas a golpe de ERE.
