El gran error del supervisor

JULIO POMÉS

Que buen vasallo si tuviera gran señor! La presente crisis financiera, provocada en buena parte por la burbuja inmobiliaria, podría haber sido leve si Jaime Caruana, gobernador del Banco de España en 2006, hubiera hecho caso a las múltiples advertencias que le hizo la Asociación de Inspectores del propio Banco. Este colectivo, harto de que no se le escuchase durante años, escribió una carta muy dura al ministro de Economía Solbes el 26/5/2006 para que constase públicamente el grave riesgo que corría la economía española. Estos «profetas de desgracias» fueron ignorados porque Zapatero había institucionalizado el optimismo y decretado oficialmente el éxito. Probablemente el gobernador pensó que no era admisible una postura contraria al «régimen» y prefirió mantener una actitud pasiva. Citaré algunos párrafos de la carta que muestran el acierto absoluto de sus previsiones.

«Los inspectores del Banco de España nos vemos en la obligación de hacer constar que el nivel de riesgo acumulado en el sector financiero español como consecuencia de la anómala evolución del mercado inmobiliario en los últimos seis años es muy superior al que afirma el Gobernador su análisis es parcial por la pasiva actitud de los órganos rectores, ante el insostenible crecimiento del crédito bancario el riesgo de tipo de interés o el de liquidez se han visto incrementados de forma muy acusada por la necesidad de las entidades de crédito de acudir al exterior es previsible suponer que el nivel de solvencia de la entidades de crédito acabe viéndose afectado una vez cambie la coyuntura».

Cuando en julio de 2006 Miguel Ángel Fernández Ordóñez fue nombrado gobernador no se atrevió a contrariar a Solbes, quien en mayo de 2007, ante el hundimiento de las constructoras en Bolsa dijo: «Yo no veo afectado para nada el sector de la construcción, solo una ligera desaceleración». Fernández Ordóñez tenía que pagar peaje a Zapatero de haber sido nombrado en contra del PP, por lo que no tomo en consideración las alarmantes denuncias de los inspectores del banco. Aunque el actual gobernador no ha sido tan complaciente como pretendía el PSOE, no tuvo valor para acometer en 2006 las medidas de ajuste que requería el sector inmobiliario. Probablemente temió tanto por la contestación social de los que habían invertido en ladrillo, como por el rechazo que habría tenido por parte del Ejecutivo.

Si se hubiera hecho caso a los persistentes avisos de los inspectores ni la burbuja inmobiliaria se habría hinchado tanto, ni España se hubiera endeudado en exceso, ni los precios de las viviendas se habrían disparado, ni las entidades de depósito tendrían problemas de solvencia. Fernández Ordóñez ha mejorado en su independencia a lo largo de su mandato, pero si quiere salir por la puerta grande tiene que usar los pocos cartuchos que le quedan hasta su cese en el verano en tres retos clave. 1)Conseguir que los bancos ajusten las valoraciones de su cartera inmobiliaria en su balance, sin que eso cueste dinero a los ciudadanos. 2)Lograr que todas las entidades de depósito tengan los ratios de solvencia que exige Europa. 3)Impedir que los directivos de cajas reflotadas con ayudas públicas tengan sueldos de escándalo, porque ese hurto legal perjudica la confianza.

La crisis habría sido manejable si los gobernadores hubieran hecho caso a sus inspectores y no se hubieran sometido al Ejecutivo. Esperemos que el PP haya aprendido la lección y en julio nombre gobernador del Banco de España a un profesional independiente, dispuesto a cumplir con su deber, porque en pocos meses nos vamos a jugar el porvenir de bastantes años.

JULIO POMÉS ES PRESIDENTE DEL «THINK TANK» CIVISMO