El informe de Hacienda del «caso Nóos» acredita un ánimo de lucro

La Agencia Tributaria entregó ayer al juez José Castro, instructor del caso Palma Arena y del presunto desvío de fondos cometido a través del Instituto Nóos, un informe de más de 140 páginas que detalla los gastos e ingresos que efectuó la entidad con otras sociedades mercantiles vinculadas a ella y a su entorno, y que corresponderían más a fines lucrativos que a actuaciones propias de una entidad sin ánimo de lucro , según indicaron fuentes de la investigación a Ep.

El informe detalla las operaciones que llevó a cabo el instituto, la mayoría de las cuales no corresponderían al objeto social de Nóos, cuyos estatutos establecen que se trata de un organismo cuya misión concreta es realizar «investigaciones sobre el papel de la inteligencia de mercado en la competitividad de las empresas», así como servir de punto de encuentro a los profesionales de la disciplina, además de promover la difusión de sus investigaciones a través de cursos conferencias, seminarios y publicaciones.

Los datos de Hacienda revelan así las numerosas entradas y salidas que se dio al dinero de Nóos, presidida entre 2004 y 2006 por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín , sus operaciones fiscales, así como los cobros que percibió por parte de entidades públicas y privadas. También queda reflejada su relación con mercantiles como Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L., Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, algunas de las cuales han contado con la participación directa de Urdangarín.

Además, el fiscal Anticorrupción de Baleares tomó ayer declaración, como imputados, a varias personas que ocuparon cargos de responsabilidades en empresas públicas de la Comunidad Valenciana, entre ellas el director del Valencia Convention Bureau, José Salinas.

Tal como adelantó la semana pasada este periódico, Nóos obtuvo entre 2004 y 2006 alrededor de diez millones de euros entre convenios y patrocinios. Una vez descontados los gastos, se comprueba que el instituto se quedó con aproximadamente la mitad de esa cantidad; es decir, cinco millones de euros. Como informó ABC el lunes , solo en lo que se refiere a los dos convenios firmados con el Gobierno de Jaume Matas, el desvío de fondos públicos fue de más de un millón de euros . De esa cantidad, 350.000 corresponden a facturas presentadas por el instituto que no son imputables a los acuerdos con la comunidad balear.

En el auto por el que el juez autorizaba la entrada y registro en las oficinas de Nóos y de sociedades vinculadas por el caso, el magistrado señalaba que los hechos podrían ser constitutivos de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la administración y falsedad documental. Por estos hechos ya está imputado Diego Torres, el socio del Duque de Palma.