Griñán tensa el pulso con la juez y recibe un ultimátum para aclarar el EREgate

El pulso que mantienen la Junta de Andalucía y la juez instructora de la investigación sobre los ERE fraudulentos en la Junta de Andalucía subió ayer un grado con un nuevo auto de la juez que supone un ultimátum al Ejecutivo andaluz y que ha hecho que la Junta no tenga más remedio que plantearse la entrega.

Y es que, después de que el letrado de la Administración autonómica confirmara a la magistrada su negativa a entregar las actas de diez años de Consejos de Gobierno y de que le anunciara su intención de presentar un conflicto ante el Tribunal Supremo, ayer la juez notificó un auto en el que advierte a la Junta de que debe depositar las actas en un sobre lacrado en el plazo de tres días avisándole de que, si no lo hace, incurrirá en un delito de quebrantamiento de medida cautelar.

Así el escrito de la magistrada, otro contundente texto, esta vez sólo de seis folios, renuncia a revisar las actas a la espera de que el Supremo se pronuncie, pero no a su custodia. Según Mercedes Alaya, «procede suspender la entrega para su examen de las actas del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía desde 2001», Sin embargo hasta que se resuelva el conflicto, dicta una medida cautelar con el fin de evitar «que se eluda la acción de la Justicia, se produzca un grave perjuicio al interés público y se originen daños graves e irreparables».

Y la medida cautelar, a la que la Junta de Andalucía no se opondrá según anunció ayer, es la siguiente: que el Ejecutivo andaluz remita en el plazo de tres días al juzgado, «para su custodia» copia compulsada o testimonio de las actas de los consejos de gobierno, «que deberán ser remitidas en sobres cerrados y lacrados, o con los precintos que se consideren convenientes». Y que si es necesario se hará una fotografía del estado y características de los sobres.

La juez asegura que esos sobres quedarán «depositados» en el juzgado hasta que se resuelva el conflicto y apercibe a la Junta de que si no lo hace podría incurrir en delito de «quebrantamiento de la medida cautelar». En ese sentido, el auto explica que «no tendrán que aportarse los documentos presentados al Consejo de Gobierno que tengan carácter reservado». Y que si hubiera actas en las que hipotéticamente se contuvieran deliberaciones, opiniones o votos, «se suprimirán tales apartados, manteniendo en tales actas las conjugaciones de los verbos “deliberar”, “opinar” o “votar” utilizados en los apartados que por su carácter secreto hayan de suprimirse» con la idea de conocer con exactitud las partes que se eliminan por si fuera necesario.

Pero también advierte de que si en algún acta hay que suprimir algún contenido, «se acompañará exposición razonada de ello». Una medida cautelar que la juez justifica en la necesidad de «salvaguardar los fines de la investigación» y evitar que «pudieran alterarse u ocultarse partes relevantes de las actas del Consejo de Gobierno hasta tanto se dilucida el conflicto de jurisdicción».

En cualquier caso, la juez también ha pedido al fiscal y las partes personadas que se pronuncien sobre la inhibición al Supremo en el plazo de diez días. Ayer la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, estuvo reunida con el fiscal anticorrupción para tratar el tema aunque no hará pública su petición hasta que no tenga preparado el informe. «Predisposición inicial» Entretanto la Junta anunció ayer, a través de su consejera de Presidencia, Mar Moreno, su predisposición «inicial» a atender a la petición de la magistrada, aunque no ocultó su malestar por el «tratamiento» que recibe de Mercedes Alaya en determinados comentarios de sus autos. Por ello, Moreno expresó una opinión «crítica» con la actitud de la juez de instrucción número seis de Sevilla. Y eso que, según dijo, la Junta de Andalucía «no está dispuesta a polemizar públicamente con la juez». En este sentido, la consejera recordó a la instructora que el Ejecutivo está personado en la causa como parte acusadora y perjudicada, aludió también a que ha denunciado las irregularidades existentes en los ERE y subrayó que ha hecho «un esfuerzo titánico» para remitir a la juez toda la documentación requerida que no tiene carácter reservado. Moreno recalcó que no está de acuerdo con el tratamiento que recibe el Ejecutivo andaluz en los autos de la juez Alaya. «Menos mal que ha sido el Gobierno el que denunció las irregularidades», ironizó Mar Moreno en rueda de prensa en la que también defendió la labor realizada por las diferentes consejerías a la hora de investigar los fraudes. Y asimismo tiró de las comparaciones asegurando que la actitud de la Junta de Andalucía contrasta con la que mantiene la presidenta de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que lleva, según dijo, «seis meses bloqueando documentos al juez del caso Gürtel». En cualquier caso la consejera de Presidencia quiso recalcar que el Gobierno andaluz no tiene ningún «reparo inicial a entregarle a la juez Alaya «para su custodia» los sobres lacrados tal y como le ha solicitado, ya que con ello «se salvaguarda la confidencialidad» hasta que se resuelva el conflicto en el Tribunal Supremo aunque antes los servicios jurídicos estudiarán el auto. La Junta también se mostró dispuesta a remitir al juzgado los informes aprobados en los Consejos de Gobierno vinculados con los pagos de los ERE en respuesta al auto que la juez dictó el pasado 30 de marzo en el que acotaba sus peticiones de forma más concreta.