Compromís ficha como candidato a un expulsado de EU por corrupción

Las formaciones de la oposición empiezan a quedarse sin su principal argumento para sostener el discurso anticorrupción. Si el PSPV decidió hace semanas incluir a candidatos imputados en sus listas —como el alcalde de Elche, Alejandro Soler, o la ex alcaldesa de Denia, Paqui Viciano, entre otros—, ahora es la coalición Compromís la que ha optado por hacer lo propio.

La suma del Bloc e Iniciativa ha acogido en sus filas al hasta ahora edil de IU en la localidad alicantina de Redován, Joaquín Pozuelo —concejal de Urbanismo en el gobierno de la socialista Leticia Bas—. El objetivo es lograr representación a través de un candidato con una dilatada trayectoria. Sin embargo, para ello ha obviado que Pozuelo está imputado por falsedad en documento público.

Es más, el concejal de Urbanismo debe declarar el próximo día 27 ante la titular del juzgado de Primera Instancia número 4 de Orihuela, en calidad de imputado por un presunto delito de falsedad documental. Junto al edil, la juez tomará declaración también a la secretaria del Ayuntamiento, en calidad de testigo.

Hace solo unos días, la diputada autonómica y cabeza de lista de Compromís a las Cortes por Alicante, Mireia Mollà, mostró su respaldo al edil. Mollà destacó que no estaba imputado —una situación procesal que varió solo horas después—, y llegó a compararlo con el portavoz socialista en la Cámara autonómica, Ángel Luna, que se sentará en el banquillo el próximo martes acusado de un delito de encubrimiento.

Sin embargo, lo cierto es que Pozuelo está acusado de falsificar una autorización para permitir el suministro eléctrico a una vivienda ilegal, sobre el que no existe expediente alguno.

El propio Pozuelo ha reconocido los hechos, así como su amistad con la beneficiaria del presunto fraude. No obstante, asegura que lo hizo «orientado» por Iberdrola. En cualquier caso, el edil —expulsado de IU precisamente por la denuncia— se enfrenta a una posible pena de tres a seis años de prisión en caso de ser encontrado culpable, según el artículo 390 del Código Penal.