La Junta desvió irregularmente otros 87 millones para ayudas

Intervención advirtió a Empleo y Economía de que la transferencia vulneraba la norma

La Junta desvió irregularmente otros 87 millones para ayudas ROCÍO RUIZ

MERCEDES BENÍTEZ

21/03/2011
Actualizado a las 11:05h.

El desvío de partidas millonarias sin control no se produjo sólo en la famosa partida 31L, el denominado «fondo de reptiles» que advirtió el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero ante la Policía Judicial, sino que se extendía a otras ayudas, siempre en el seno de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

Según un documento consultado por ABC, la Intervención General de la Junta de Andalucía envió otro informe en el año 2005 (por las mismas fechas del que advertía del procedimiento inadecuado en los Expedientes de Regulación de Empleo) en el que se advertía de las irregularidades que se habían producido en otras ayudas dadas por Empleo para autónomos y Pymes.

Es informe del interventor, que también fue enviado a las consejerías de Empleo (en manos de Antonio Fernández) y de Economía (entonces dirigida por el que hoy es presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán) revelaba un desfase presupuestario de 43 millones de euros en unas ayudas dadas por la Consejería de Empleo.

Se trataba de una ayudas dadas por la Junta de Andalucía para fomentar la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la actividad de los autónomos y de las pequeñas y medianas empresa andaluzas que fueron rubricadas el 31 de julio de 2003 por el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera y publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de 19 de agosto de ese mismo año. Eran ayudas para comprar ordenadores, PC, portátilies, servidores, CPU y TPV, software, electrónica de red router, modem y otras tecnologías de la información.

Sin embargo el informe del Interventor advertía de que existía «un desfase presupuestario» de 43 millones de euros en la concesión de esas ayudas otorgadas por la Consejería de Empleo. «Habiendo generado la Junta de Andalucía obligaciones presupuestarias sin cobertura, hizo un total de gasto de 87 millones de euros y se superó el límite de gastos aprobados en 43 millones», decía el informe del interventor.

Pero esa no era la única advertencia que hacía ese informe ya que también cuestionaba el procedimiento de transferencias de financiación de capital que consideraba inadecuado. La orden que daba las ayudas establecía en su disposición adicional segunda que por la Consejería de Empleo «se transferirán al Instituto de Fomento de Andalucía los fondos correspondientes para dar cobertura al programa».

Y además esas ayudas se gestionaron a través de otra empresa, denominada Fagia (Fomento, Asistencia y Gestión Integral de Andalucía) que fue creada en mayo de 2002 y que tenía como objeto el apoyo al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) mediante la realización de estudios y asesoramiento y mediante la gestión y administración del patrimonio inmobiliario del IFA. Sin embargo el informe de la Intervención advirtió de un «desfase económico y del procedimiento» y avisó al IFA que se podía haber evitado con otro procedimiento.

En este sentido se aseguraba que la figura administrativa de transferencia de capital no está prevista en la legislación. «Esta delegación realizada a favor del IFA abarca un ámbito de actuación que no cabe en la figura existente de la entidad colaboradora. Esta figura con el alcance que abarca la delegación no está prevista por la regulación actual», decía.

También alertaba la Intervención de la Junta de Andalucía de la «vulneración de la norma» al utilizar fondos que debían servir para financiar gasto corriente de la empresa para otros fines y pagos.

Para esquivar el control

Y se insistía en que «la elección por el gestor de una figura u otra no se reduce, como es evidente, a una mera cuestión de forma, es de fondo» ya que, al parecer la intención era esquivar el control que establece la norma para estos casos. Por eso la Intervención decía que el encargo de gestión «hubiera exigido fiscalización previa, valoración económica y una serie de documentos para el pago». La diferencia entre ambos procedimientos reside «en la intensidad del control previo al pago». Este nuevo informe pone de manifiesto el descontrol que existía en la Junta de Andalucía (al menos en la Consejería de Empleo) en la concesión de esas ayudas investigadas por los tribunales.