Los grupos buscan un pacto para impulsar la ley de dependencia

La ley de dependencia dejó ayer de ser un arma arrojadiza en el Congreso de los Diputados. Por un día, la norma concitó el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, aunque sólo fuera para llegar a la conclusión de que requiere una reflexión profunda sobre su funcionamiento. El primero en decirlo en voz alta en la Comisión de Política Social fue el diputado de CiU Carles Campuzano, quien subrayó la necesidad de «repensar» la norma porque «no está funcionando».

La diputada del PP Lourdes Méndez está de acuerdo en que la ley de Dependencia «no está cumpliendo con sus objetivos» porque el modelo de financiación está haciendo agua. Los populares critican la ejecución y el desarrollo de la ley, pero creen que habrá que esperar a conocer el resultado de la evaluación que está llevando a cabo el Gobierno para intentar un pacto entre todos los grupos que impulse la norma.

Por el PSOE, la diputada Marisol Pérez Domínguez destacó que es necesario un gran pacto del Gobierno con las Comunidades autónomas para hacer efectiva la ley con igualdad de condiciones en todo el territorio nacional. «La ley debe seguir avanzando. Ahora el Gobierno está concluyendo la evaluación, y cuando finalice será el momento de la reflexión para mejorar su aplicación», comentó.

Durante su comparecencia en la Comisión del Congreso, la secretaria general de Política Social y Consumo, Isabel Martínez Lozano, explicó que «muchas» personas beneficiarias de la ley de dependencia prefieren quedarse en casa y gestionar la prestación económica directa que les ha sido asignada, en lugar de ir a una residencia. Replicaba así a las críticas vertidas por PP, CiU e IU, en el sentido de que el 57 por ciento de las ayudas de la ley son económicas y no están relacionadas con un servicio. La secretaria general subrayó que lo más importante es que actualmente hay casi 700.000 personas atendidas, que, «hasta hace tres años, no recibían ninguna ayuda». «Hay demasiado prejuicios a la hora de valorar la norma», añadió.

El PP calificó de «desleal» al Gobierno de Zapatero por «recortar» los fondos destinados a las comunidades para sufragar los gastos del Sistema de Dependencia. Desde CiU, Campuzano apuntó que actualmente las Comunidades autónomas son «las más afectadas» por el sistema de financiación de la ley, pues «se reducen los recursos para su aplicación mientras aumenta el número de dependientes».

Por IU, Gaspar Llamazares criticó el «recorte» de las políticas sociales por parte del Gobierno y pidió una «reorientación del escaso Estado de bienestar», que es «puramente asistencial y está basado en subvenciones de carácter económico».