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Bruselas propone multas del 0,2% del PIB para los países más derrochadores

Los castigos serían casi automáticos y se activarían en una fase temprana del análisis comunitario para evitar nuevas crisis de deuda

ignacio gil

MARIBEL NÚÑEZ

La Comisión Europea presentó ayer su propuesta para la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) que pasa por una imposición de sanciones más automática a los países incumplidores, entre las que figura la obligación de hacer un depósito equivalente al 0,2% del Producto Interior Bruto (PIB) que se convertiría en multa si el país en cuestión no sigue las recomendaciones de Bruselas y corrige el desfase presupuestario.

La decisión sobre esta sanción, que en alguna medida ya estaba incluida actualmente en el Pacto de Estabilidad, aunque nunca se ha ejecutado, se tomará por un mecanismo de voto inverso. Es decir, la propuesta de la Comisión Europea se considerará adoptada a menos que el Consejo la rechace por mayoría cualificada.

Además, se controlará que, en las épocas de bonanza económica, los países no se dediquen a derrochar, de tal modo que no se haga acopio de recursos para las épocas menos positivas. El control lo hará la Comisión Europea mediante apercibimientos en aras de que los países hagan una «política fiscal prudente».

Entre las novedades, y vista la crisis de la deuda de algunos países europeos que se vivió en primavera y cuyos coletazos aún resuenan en el caso de los títulos de Irlanda y Portugal, ésta pasará a ser controlada en la misma medida que el déficit en aquéllos casos que se rebase el tope del 60% del PIB.

En esta misma línea de aumento de la vigilancia y de superpoderes para el Ejecutivo comunitario, éste controlará los desequilibrios que se puedan producir en los países y que, a la larga, podrían llegar a poner en peligro el funcionamiento del conjunto de la Unión Económica y Monetaria, como es el caso de las burbujas inmobiliarias.

En estas situaciones la Comisión abriría un Procedimiento de Desequilibrio Excesivo (PDE), lo que supondrá que los países tendrán que presentar un plan de medidas correctoras que revisará el Consejo. Si el país no corrige el desequilibrio se podría enfrentar también a una multa anual equivalente al 0,1% del PIB. La multa sólo podrá ser suspendida por mayoría cualificada de los países miembros de la Eurozona.

Toda esta batería de propuestas, que son compatibles con el Tratado de Lisboa al haber abandonado la opción de la suspensión del derecho a voto en los Consejos para los países que no cumplan el Pacto de Estabilidad, pasarán ahora por el Consejo de Ministros de Economía de la UE, el Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social.

Barroso defendió ayer en rueda de prensa el endurecimiento del Pacto de Estabilidad, mientras en las calles de la capital belga miles de manifestantes protestaban por los recortes del gasto de los Estados y en defensa de una Europa social. El Presidente del Ejecutivo comunitario les garantizó que su reforma, aunque no lo parezca, va en beneficio de los trabajadores «porque no hay otra solución».

El Presidente de la CE fue más allá y dijo que «los países que tomaron medidas más sabias de recortes de gasto en los buenos tiempos económicos son ahora los que tienen menos dificultades y problemas sociales». En el terreno de las reacciones, la canciller alemana, Angela Merkel, se apresuró a elogiar ayer el plan de la Comisión por entender que «sin un endurecimiento del Pacto algunos países podrían llegar a encontrarse en una situación crítica».

Opiniones enfrentadas

Sin embargo, y al margen de los aplausos provenientes de Berlín en la medida en que la reforma supone más rigor presupuestario, siempre del gusto germánico, la realidad es que los ministros de Economía de la UE, que son los que tienen la última palabra en esta reforma junto con el Parlamento, discrepan entre sí sobre las sanciones para los que no cumplan así como el grado de automatismo en su imposición y el sistema de votación para su aprobación. Francia, por ejemplo, quiere limitar el automatismo de las sanciones. Los ministros de Economía de la UE analizarán en su reunión de hoy la propuesta que, en el fondo, lo que crea es un supergobierno económico europeo.

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