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El Parlamento Europeo exige que en la negociación mundial sobre el Acuerdo Comercial de Lucha conta la Falsificación (ACTA en inglés), con la excusa de luchar contra productos falsos no se permita desconectar internet a los que hacen descargas ilegales
Todo el mundo coincide en que la persecución del comercio de productos falsos en un objetivo muy loable, en tanto en cuanto, por ejemplo, hace que se destruyan cada año miles de puestos de trabajo en Europa en las empresas «imitadas», entre otras la industria del lujo o las farmacéuticas.
A esto se le añade además que Europa, junto a Estados Unidos, pierden en buena medida el valor añadido de los productos con alto contenido en innovación que fabrican cuando salen al mercado, de manera casi inmediata, imitaciones cada vez más sofisticadas.
Por la puerta de atrás
La Comisión Europea, que se preocupa desde hace años por proteger los productos europeos en el marco de un comercio mundial cada vez más globalizado, negocia ahora el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA en sus siglas en inglés) con el resto de los bloques comerciales de todo el mundo pero, además de perseguir los bolsos falsos, por resumir, se teme que pueda haber también, en aras de esa persecución de los productos copiados, un recorte de las libertades a través de cortes de Internet a las personas que hagan descargas ilegales al atentar contra el derecho de propiedad intelectual.
En este contexto, el Parlamento Europeo, que últimamente está dando más la batalla por la defensa de los intereses de los ciudadanos, se ha puesto manos a la obra para intentar que dentro de la mencionada negociación comercial no se incluya un recorte a las libertades, y entre ellas el acceso a Internet.
Aunque la negociación del ACTA no es nueva, sino que arrancó en 2008, ha sido a partir del año pasado cuando Estrasburgo ha empezado a darse cuenta de la magnitud de lo que se estaba negociando, y de ahí que lleve ya un año exigiendo a la Comisión, que es la que representa a toda la Unión Europea en la negociación, transparencia en todos y cada uno de los documentos que se negocien.
La idea que defienden los eurodiputados en la resolución que se aprobó el pasado miércoles nada menos que por 663 votos a favor y sólo 13 en contra, es que «Europa está haciendo ahora enormes esfuerzos para armonizar las medidas sobre derechos de propiedad intelectual y que, en ningún caso, éstos deberían verse socavados por unas negociaciones comerciales externas al ámbito del proceso normal de adopción de decisión en la Unión Europea».
A lo anterior se añade además que «la elaboración de medidas para el respeto de los derechos de propiedad se debe llevar a cabo de manera que no obstaculice la innovación ni la competencia, no socave las restricciones de los derechos de propiedad intelectual ni las disposiciones en materia de protección de datos personales, no restrinja el libre flujo de información ni suponga una carga innecesaria para el comercio legítimo».
Pero, detrás de toda esta «literatura» sobre la filosofía de la posición que debe defender la Comisión Europea en la negociación el Parlamento Europeo aseguró, por medio de la resolución, sentirse «profundamente preocupado» por la falta de transparencia de toda esta negociación por lo que han vuelto a exigir de nuevo el acceso y todos los documentos ».
Estrasburgo va más allá y recuerda que en virtud de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el pasado 1 de diciembre, por el que toda la nueva legislación que se apruebe en la Unión Europea tiene que tener su visto bueno, si la Comisión no cumple con su obligación de información no interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE para salvaguardar sus prerrogativas.
Además, y ya en el terreno de lo concreto, la Eurocámara exige al Ejecutivo comunitario que, en el marco de la negociación del ACTA relativas a los procedimientos de observancia de los derechos de autor en el entorno digital, sea plenamente conforme al acervo de la Unión, o lo que es lo mismo, que no se efectúen registros personales en las fronteras de la UE en busca de dispositivos de almacenamiento de información, como ordenadores portátiles, teléfonos móviles y lectores MP3.
«Tres avisos»
En el mismo sentido el Parlamento Europeo cree que, para respetar los derechos fundamentales, como el derecho a la libertad de expresión y a la privacidad, el acuerdo que salga de la negociación, que se retoma en Nueva Zelanda en abril, no debe permitir la imposición de los llamados «procedimientos de tres avisos» al final de los cuáles se produce el corte del acceso a Internet ya que, para llegar a ese extremo tiene que haber una decisión judicial previa.
La cuestión de fondo es que la protección de la vida privada y de los datos personales son valores fundamentales de la Unión Europea, como se recoge en la Carta de los Derechos Fundamentales, y esto debe respetarse en todas las políticas y en todas las normativas que se aprueben.
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