Lo que se espera del PP

LA revelación de un nuevo informe policial sobre una presunta red de financiación irregular del Partido Popular en la Comunidad Valenciana provocó la reacción inmediata de diversos dirigentes autonómicos y nacionales de este partido para negar las graves acusaciones contenidas en el documento. Incluso llegaron a calificar el informe de «falso», responsabilizando al Ministerio del Interior de hacer un «montaje». Este nuevo episodio de la supuesta trama de corrupción creada en torno al PP reactiva la tesis de esta formación de que el Gobierno está empeñado en destruirlo como oposición, no dudando en utilizar a instituciones del Estado, como la Policía o el Ministerio Fiscal, en contra de los principios de legalidad e imparcialidad. El PP tiene motivos para quejarse de que, en efecto, así está sucediendo desde hace años, con una manifiesta desproporción en ciertas actuaciones -ejecutadas de forma infamante, tales como detenciones preventivas injustificadas- que han sido instadas contra cargos electos que luego han sido exonerados incluso sin necesidad de juicio oral.

Hasta aquí el PP tiene razón en denunciar la degradación de los instrumentos que el Estado pone a disposición de la Justicia para investigar y castigar el crimen, no para acosar a la oposición, ni para invadir arbitrariamente las esferas privadas protegidas por los derechos y las garantías constitucionales. Pero políticamente el PP está emplazado a tomar la iniciativa, más allá de nuevas denuncias judiciales y de protestas contra el Gobierno, y a transmitir, con hechos concretos, la imagen de un partido que confía en sí mismo y que sabe auditarse con transparencia y valentía. El cierre de filas de un partido está justificado cuando se pretenden abatir como sea la dignidad y la trayectoria de un buen dirigente, pero aparenta un enrocamiento cuando es la respuesta a unas revelaciones que deben ser rebatidas, sin son falsas, o tomadas en cuenta para actuar en consecuencia, si son ciertas. La presunción de inocencia también juega en política, pero con intensidad y efectos distintos a los que tiene en un proceso penal. La confianza de los ciudadanos en los políticos es lo que mide su responsabilidad como gestores de los bienes públicos, al margen de si se ha cometido o no delito, porque si no fuera así, deberían ser los jueces los que controlaran la actividad política. En este caso, es relevante saber si los hechos son o no ciertos. Y para atajar este acoso que vive desde hace meses, el PP tiene varias opciones, pero la más eficaz en democracia siempre es abordar de frente y con decisión los problemas, para evitar que las soluciones le vengan a uno impuestas desde fuera y sin control de los tiempos.