política
La Junta envía al Gobierno un informe «crítico» con la reforma local
Herrera exige que la norma se adecúe a la «realidad» de Castilla y León
De las palabras a los hechos. Desde que se conoció el informe para la reforma de la conocida como Ley de Bases de Régimen Local, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, había dejado claro que no les gustaban algunos puntos del texto y ahora se lo va a transmitir por escrito al Gobierno de Mariano Rajoy. Hoy «mismo», el Ejecutivo autonómico remitirá al central un informe «con una valoración extensa, pormenorizada y alegaciones» al documento. Y se trata, incidió Herrera, de un informe «crítico». Así lo anunció ayer en el pleno de las Cortes durante la sesión de control al Gobierno, en la que los dos grupos de la oposición coincidieron en preguntar, aunque con bases diferentes, sobre una modificación a la que todos pusieron más de un «pero».
Y es que, advirtió Herrera, aunque se trata de una reforma «necesaria» de la «que todos hemos hablado» e «incorporado» en los programas electorales de 2011 y «no podemos navegar en contra» del principio de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria que la guía ni de los «principales objetivos» que busca, como evitar duplicidades y racionalizar recursos, también es cierto que «nos oponemos en muchos aspectos», que «nos preocupan y no vamos a poder estar de acuerdo con ellos».
Dos son los bloques fundamentales de las reclamaciones que la Comunidad transmitirá al Gobierno de la Nación, a quien también pedirá la convocatoria «urgente» de la Conferencia sectorial para asuntos locales como «foro adecuado» para debatir muchos de estos aspectos que también afectan «profundamente» a las Comunidades.
El primero de los bloques de alegaciones va dirigido a la defensa de los entes locales. En este sentido, apuntó Herrera, reclaman «mayores dosis de sensibilidad para valorar la importancia del municipalismo» y el «papel esencial e intransferible» de los alcaldes y concejales «especialmente» en el medio rural, así como «reconocer la mínima responsabilidad» de los ayuntamientos en los posibles «desequilibrios» de las cuentas públicas, a la vez que «agradecer la tradicional austeridad» de los gestores públicos, ya que mientras se plantea que el 82% de los concejales no cobre, en Castilla y León ya están en esa situación más del 95. Y esto sin dejar de seguir «reclamando» una «profunda» reforma de la financiación local que, según se encargó de recordar, el anterior Gobierno del PSOE dejó sin abordar pese a las promesas en este sentido, además de haber propuesto la «fusión numantina, obligatoria» de los municipios de menos de mil habitantes.
En segundo lugar, el presidente de la Junta subrayó que la reforma local «necesita de mayores dosis de realismo, sensibilidad», así como estar «acomodada a las exigencias y realidad de una tierra» como Castilla y León en la que el municipalismo «es tan importante». No en vano, los 2.248 municipios de la Comunidad suponen más de un tercio de los 8.116 de toda España y cuenta con el 65% de las entidades locales del conjunto del país (2.262). Además, exigen «plazos más ajustados» a la realidad para que las entidades locales menores y las mancomunidades «puedan acomodarse» a las nuevas exigencias de contabilidad, que las obligará a presentar cuentas a los tres meses de la aprobación de la ley si no quieren desaparecer y en la actualidad sólo una minoría lo hace.
«No se trata sólo de ir en contra, sino de un trabajo conjunto para mejorar sustancialmente algunos de esos aspectos sustancialmente mejorables de este proyecto del Gobierno», respondió el jefe del Ejecutivo autonómico al portavoz del Grupo Socialista, Óscar López, quien reclamó un «frente común» en «contra» a esta «afrenta» al mundo local a través de un texto que calificó como «muy malo» para España y «letal y un desastre» para Castilla y León por la reducida dimensión de la amplia mayoría de sus municipios y en la que se está «criminalizando, culpabilizando» a los ayuntamientos pequeños. «Soy incapaz de definir mejor la ley», subrayó López recordando las palabras del presidente de la Junta reclamando que el texto no deje a los alcaldes sólo para ir a la misa de la patrona.
«Que se oiga su voz alta y clara en las Cortes contra» un texto con el que, según dijo, Rajoy y el Gobierno del PP «se han equivocado profundamente», reclamó López, agradado al comprobar que, como en otras materias, coinciden con el «rechazo» a la reforma. El portavoz socialista, pese a las dudas expresadas sobre la posibilidad que en Madrid atiendan las demandas de Herrera, sí consideró «factible» que la norma sea retirada por la «contestación» que ha encontrado en diferentes frentes, incluido el propio PP.
Y por si no quedó clara a la primera la oposición del Ejecutivo de Castilla y León al texto, Herrera lo repitió de nuevo en la respuesta al leonesista Alejando Valderas cuestionando sobre las medidas de la Junta para «evitar» la desaparición de las juntas vecinales (entidades locales menores) con la reforma estatal.
El jefe del Gobierno regional subrayó que en ese informe «nos oponemos» a la aplicación de un «plazo absolutamente imposible, perentorio» sobre la obligación de presentar cuentas en tres meses, ya que llevaría a la «disolución» de éstas.
«Se está buscando su desaparición», criticó Valderas, quien llamó a la Junta a actuar con celeridad ante el «problemón» que tiene encima, ya que «Madrid dice que las fusile y a usted le toca trasladar eso al boletín», pues las competencias en este sentido son autonómicas.
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