Agapito Iglesias, imputado por corrupción, sella la venta del Real Zaragoza

Tras meses de rumores y anuncios oficiosos, la venta del Real Zaragoza parece que ya está consumada. Quien durante ocho años ha sido dueño del club, Agapito Iglesias —constructor imputado en varias causas de corrupción por el «caso Plaza»— ha firmado el documento de venta de sus acciones a un grupo formado por once empresarios aragoneses que lidera Mariano Casasnovas, que desde hace semanas figuraba como el más próximo a quedarse con esta sociedad anónima deportiva. En la operación de compra participa también un fondo de inversión dominado por capital árabe.

Agapito Iglesias tomó las riendas del Real Zaragoza hace casi nueve años, en 2006, cuando por entonces este constructor mantenía estrecha relación con la cúpula del PSOE instalada en el Gobierno aragonés bajo la presidencia de Marcelino Iglesias —pese a la coincidencia en los apellidos, entre uno y otro no hay vínculo familiar alguno—.

La etapa de Agapito Iglesias al frente del Real Zaragoza ha coincidido con un crítico declive del histórico club de fútbol, en lo deportivo y en lo económico. De hecho, en el comunicado que ha hecho público Agapito Iglesias, confirmando la venta del club, ha aludido a esa crítica situación económica. Urge la inyección de 8 millones de euros en sus arcas para responder a pagos ineludibles a los que tiene que hacer frente de forma inmediata.

Descendido a Segunda División, el Real Zaragoza está lastrado por unas cuentas ruinosas que le llevaron al concurso de acreedores. Además, esta sociedad anónima deportiva se ha visto también tocada por las causas de corrupción que afectan a Agapito Iglesias, relacionadas todas ellas con casos de presunta corrupción que investigan los jueces, por manejos ocurridos en la sociedad pública Plaza (Plataforma Logística de Zaragoza) durante la etapa de gobierno del PSOE.

La venta de esta sociedad anónima deportiva ha sido sellada por Agapito Iglesias pocos meses después de que aportara precisamente las acciones del Real Zaragoza para responder por la multimillonaria fianza que le impuso un juez por su implicación en una de las causas de corrupción que se investigan. En uno de esos casos comparte imputación con el socialista Carlos Esco, el que fuera viceconsejero de Obras Públicas en la era de Marcelino Iglesias y marido de la diputada regional Eva Almunia, que fue secretaria de Estado en el Gobierno de Rodríguez Zapatero y que concurrió como candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno aragonés en las elecciones autonomicas de 2011.