Francia busca a un etarra tras cometer un error y dejarlo libre unas horas antes
Las autoridades judiciales francesas han dejado en libertad al presunto etarra José María Zaldúa, detenido en la localidad gala de Ciboure el pasado 19 de abril. Aunque en un primer momento alegaron que España incurrió en defectos formales y no reclamó su entrega en el plazo legal, fuentes de la Audiencia Nacional confirmaron que se trató de un error asumido por las propias autoridades galas, que ahora lo están buscando para detenerlo de nuevo.
MADRID. El presunto miembro «histórico» de ETA José María Zaldúa Corta fue detenido el pasado 19 de abril en una vivienda de dos ciudadanos franceses de la localidad gala de Ciboure después de haber permanecido varios años en Uruguay. Las autoridades judiciales francesas acordaron en la noche del pasado jueves su puesta en libertad después de constatar que no hay hechos por los que deba ser juzgado en su país y de alegar por error que transcurrió el plazo legal de cuarenta días sin que España haya formulado su primera reclamación de entrega para responder ante la Justicia de nuestro país.
No hay fallos de procedimiento
Fuentes consultadas por la agencia Afp en Francia aseguraron en un primer momento que la puesta en libertad de «Aitona» se debió a «cuestiones de procedimiento» relacionadas con la falta de documentación que debía aportar España para reclamar su extradición.
Sin embargo, fuentes de la Audiencia Nacional consultadas por ABC indicaron que no es cierto. «No sólo llegó a tiempo la documentación necesaria sobre la primera de las causas que tiene pendientes en España por delitos de terrorismo -dijeron-, sino que al menos había otras siete órdenes internacionales de detención por otras tantas demandas de extradición que están pendientes de ser ejecutadas y cuya tramitación está en plazo».
En menos de cuarenta días
Las mismas fuentes indicaron que el pasado día 24 se tramitó la primera petición de extradición de «Aitona» por su presunta relación con un asesinato cometido en Pamplona en el año 1982. En esa fecha aún no habían transcurrido los cuarenta días que, desde su detención, España tiene para reclamarle. A esta primera petición se suma otra, tramitada anteayer por el Consejo de Ministros, por el asesinato en 1979 del alcalde de la localidad guipuzcoana de Olaberría, José Antonio Vivó.
Además, señalaron que aunque «Aitona» sea puesto en libertad por una causa, debió decretarse su prisión preventiva en cualquier caso al existir varias causas pendientes contra él como motivo para reclamar su extradición.
Las fuentes atribuyeron dos errores a la justicia gala: de un lado, no advertir que no transcurrió el plazo de cuarenta días desde la detención y la petición de extradición; y en segundo lugar, no tener en cuenta que había otras siete órdenes contra él.
Fruto de esa equivocación, fue la nueva orden de detención que pesa sobre Zaldúa, ordenada por las propias autoridades galas el viernes por la mañana, apenas diez horas después de dejarlo en libertad.
Las fuentes atribuyeron la puesta en libertad de Zaldúa a la «discutible» interpretación que Francia hace a la hora de determinar la prescripción de los delitos para hechos ocurridos antes de 1994, cuando entró en vigor el Convenio de Schengen. Así, Francia estima que los delitos de asesinato cometidos antes del Tratado prescriben a los diez años y no en el plazo que, como establece Schengen, tiene legislado el Estado reclamante, en este caso España, que es de veinte años.
Delitos no prescritos
De esta forma, los jueces galos consideran que «Aitona» -procesado por las autoridades españolas en 1986-, quedó exonerado de su responsabilidad penal en 1996 y lo han puesto en libertad pese a que España lo reclama porque en nuestro país no han prescrito sus delitos.
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