La ley que protege a quien informa de corrupción cumple un año sin que el Gobierno facilite su andadura
La fundación Hay Derecho denuncia que el Consejo de Ministros no ha nombrado todavía a la Autoridad que tiene que garantizar su aplicación
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Hace un año que el Parlamento aprobó la ley de protección del informante de casos de corrupción y quienes alertan de estas prácticas siguen sin tener una autoridad que les proteja. Así lo denuncia Hay Derecho, la misma fundación que logró que el Supremo apreciara «desviación de poder» en el ascenso de Dolores Delgado por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La asociación sostiene que el hecho de que no se haya creado todavía la Autoridad de Protección del Informante (A.A.I) que prevé esa ley deja «deja a los denunciantes de corrupción en un limbo contrario al derecho europeo».
Esta situación supone, dicen, que quienes informan de corrupción, «que frecuentemente sufren graves represalias por su acción correcta en favor del interés general, no disponen de una autoridad de protección ni mucho menos de asesoramiento, salvo en las pocas comunidades autónomas en que fue creada por ley propia». También dificultades para poder alertar de corrupción de manera anónima tal y como prevé la norma. Y una falta de equivalencia entre la alta exigencia a las empresas privadas a partir de 50 trabajadores y entidades públicas (para las que se preveía un plazo obligatorio de creación de canales internos de denuncia o información) y la falta de plazo y de cumplimiento en la creación del canal externo que dependería de la todavía inexistente Autoridad.
«Sin la creación de la autoridad, no hay ninguna institución que vigile el cumplimiento de la ley, ya que ésta es la potestad de la A.A.I. No es admisible que se exija más a ciudadanos y empresas corrientes, que al propio Gobierno, que es el responsable legal de que llevemos un año sin autoridad de protección a denunciantes de corrupción», subraya Safira Cantos, directora general de Hay Derecho. A su juicio, «España está dejando pasar una oportunidad única de generar confianza ante potenciales denunciantes de corrupción. Traspuso la directiva europea tarde y ahora ni tan siquiera se cumple la ley«.
La presidencia de la Autoridad ha de ser nombrada por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto a propuesta del Ministerio de Justicia.En la situación actual de ausencia de la Autoridad, se pueden dar casos tan paradójicos, recuerda la asociación, como que haya quienes informen de corrupción por los canales internos (empresas privadas o administraciones o entes públicos) pero que ante represalias se queden sin protección al no existir el canal externo o autoridad estatal con la competencia para ello.
«La falta de una Autoridad independiente de protección va en contra de la generación de confianza de potenciales informantes de corrupción que desempeñan un papel clave a la hora de descubrir y prevenir abusos y prácticas corruptas«, apunta Safira Cantos.
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