Imagen del regristro del Instituto Nóos - EFE

El fiscal abre los interrogatorios a los implicados en el «caso Nóos»

Ya ha declarado el ex socio de Urdangarín, su mujer y ayer hubo otro registro en una empresa

PALMA DE MALLORCA Actualizado:

La esposa del ex gerente del Instituto Nóos, Ana María Tejeiro, prestó ayer declaración ante el fiscal Anticorrupción de Baleares Pedro Horrach. En principio, estaba también previsto que declarasen sus hermanos, Miguel y Marcos. Todos ellos ocuparon cargos directivos en la citada entidad. El martes había comparecido ya ante Horrach el ex gerente, Diego Torres, en el marco de las investigaciones del llamado «caso Palma Arena», que en estos momentos se encuentra dividido en un total de 25 piezas. También ayer hubo otro registro en una empresa.

Esta pieza concreta hace referencia a los dos convenios de colaboración que suscribieron en 2005 y 2006 el Gobierno balear y el Instituto Nóos, que en aquel momento presidía Iñaki Urdangarín. El Ejecutivo autonómico abonó entonces 2,3 millones de euros a Nóos por la organización de dos foros sobre turismo y deporte. Según el Ministerio Público, habría «serias irregularidades administrativas» en la tramitación de ambos convenios.

Sin justificación

Por lo que respecta al presupuesto, no «respondía a la realidad ni se justificó su inversión», y sobre las facturas presentadas, «aun dándolas por buenas, no cubren ni con mucho la justificación de lo recibido, dándose además la circunstancia de que muchas de ellas responden a conceptos ajenos».

En el «caso Palma Arena» originariamente solo se investigaba el sobrecoste en la construcción de este velódromo, si bien más adelante se incluyó en el sumario el incremento patrimonial del ex presidente balear Jaume Matas, una presunta financiación irregular del PP y la firma de diversos acuerdos, entre ellos el de Nóos.

La pieza judicial que investiga los dos convenios citados se ha reactivado esta semana, después de los registros realizados el pasado lunes en la sede de Nóos y de varias empresas relacionadas con el Instituto. Anticorrupción considera que habría indicios de una supuesta malversación de fondos públicos en este caso, ya que con las facturas presentadas hasta ahora no se habría justificado de forma adecuada el destino final dado a dichos fondos.

Las sospechas de la Fiscalía son compartidas por el juez, José Castro, quien en un reciente auto autorizó el registro de la sede de Nóos —situada en Barcelona— y de varias empresas. Hasta el momento, están imputados en esta pieza dos ex altos cargos del PP y Torres. Se prevé que todos los mencionados en el auto serán imputados. Castro recuerda en su auto que el Instituto Nóos fue fundado en 1999 y que estuvo presidido por Urdangarín entre el 28 noviembre de 2004 y el 14 junio de 2006, con Torres como gerente. Para el juez, la única finalidad perseguida «con la asunción o toma de control» de la entidad era contar con la cobertura de una asociación que «formalmente» no tenía ánimo de lucro. Simultáneamente, se habría organizado «un entramado» de sociedades mercantiles, a través de las cuales, presuntamente, «desviaban los fondos públicos y privados que recibía el Instituto Nóos, apoderándose de los mismos».

Según el juez, la entidad fijaba unos precios «totalmente desproporcionados» por los servicios que prestaba para la Administración, y tras recibir los fondos públicos se simulaba «la contratación de servicios ficticios a dichas entidades mercantiles».