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CSIF denuncia que CC.OO y UGT engordan la representación sindical con 80.000 «delegados fantasmas»

El sindicato de funcionarios pide al Gobierno una «actualización continua» de los representantes sindicales con mandato en vigor tras denunciar que miles de ellos no están operativos por haber cerrado sus empresas

Once ministros del Gobierno hacen pinza con los sindicatos en el Primero de Mayo más politizado del último lustro

Protestas de jubilados de UGT y CC.OO.
Susana Alcelay

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Existen 80.000 «delegados fantasmas», que permanecen en los registros oficiales sin ninguna función sindical porque su empresa ha cerrado y cuyo objetivo es engordar la representación y percibir una subvención más elevada del Estado. Lo ha denunciado el sindicato mayoritario de funcionarios y pide a los grupos parlamentarios que tramiten una reforma para reducir del 10% al 5% el porcentaje necesario para tener delegados sindicales y favorecer así la presencia de otras organizaciones en el diálogo social y romper con ello el monopolio que tienen las centrales que dirigen Unai Sordo y Pepe Álvarez.

CSIF ha pedido a los grupos parlamentarios una reforma legal que tenga como objetivo la «actualización y modernización del actual sistema de representación colectiva», además de que se establezcan «mecanismos de control sobre la representación asignada a las organizaciones que concurran a las elecciones sindicales». El sindicato de funcionarios reclama en este sentido la «actualización continua del número de representantes sindicales con mandato en vigor en empresas para terminar con los »delegados fantasma«, que están condicionando la cuantía de las subvenciones que reciben las organizaciones sindicales a las que pertenecen». Además, reclama que se favorezca «la transparencia y el rigor« en los registros de delegados sindicales, por lo que ha enviado un texto alternativo a los diferentes grupos parlamentarios pidiéndoles que tramiten esta reforma legal.

Recuerda el sindicato que dirige Miguel Borra que el Congreso ha debatido una proposición no de ley de Sumar sobre la creación de un sistema de información económica para la negociación colectiva a partir de los registros administrativos oficiales, de modo que se ponga a disposición de los negociadores una información oficial, actual, completa y simétrica para trabajadores y empresa. Pero para CSIF esta iniciativa se «queda corta», motivo por el que solicita «reformas más profundas que no se limiten a facilitar unos datos económicos» y cuyo objetivo debe ser la «actualización y modernización del actual sistema de representación colectiva; y establecer mecanismos de control sobre la representación asignada a las organizaciones que concurran a las elecciones sindicales».

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