Yolanda Díaz dinamita el diálogo social con el apoyo a Conpymes y las cesiones a los sindicatos

Enredada en un batalla ideológica, las empresas llevan siendo la diana elegida desde que la patronal comenzó a alzar la voz contra unas medidas que consideraba malas para España. Poco a poco se ha ido larvando un clima de malestar en el diálogo social que ha terminado arruinando cualquier posibilidad de entendimiento a tres bandas. Una situación agravada tras el apoyo del Gobierno a Conpymes, la patronal con base independentista amadrinada en 2021 por la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y en estos momentos investigada por fraude en las subvenciones.

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Susana Alcelay

Atrás quedan los cerca de una docena de pactos cerrados en la pandemia entre el Gobierno, las empresas y los sindicatos, que tuvieron como broche de oro la reforma laboral, una norma que mantuvo la esencia de los cambios aprobados por el PP en 2012 y que se centró en recortar la temporalidad en el empleo, un objetivo conseguido, aunque ahora esa inestabilidad laboral se ha trasladado a los contratos fijos.

La situación excepcional del Covid forzó un entendimiento que hoy se ha evaporado. Tres años después, aquel ritmo negociador se ha tornado en desencuentro. Díaz ha decidido que no necesita al mundo empresarial y que sus aliados naturales, UGT y CC.OO. son suficientes para sacar adelante su agenda reformista que coincide, en esencia, con la exigencias de Pepe Álvarez y Unai Sordo, al que le unen lazos muy estrechos. La ministra no esconde esa sintonía con las centrales que, año tras año, se manifiesta no sólo en las mesas de negociación, también en las marchas del Primero de Mayo, con su presencia y apoyo junto a otros miembros del Gobierno, once ministros este año.

La vicepresidenta argumenta que son las empresas las que no quieren negociar con el Gobierno, pero sus últimos movimientos tampoco están ayudando a retomar el clima negociador. Los intentos por colar a Conpymes en el diálogo social han hecho saltar todas las alarmas en la patronal, convenida de que sus maniobras buscan debilitar a la CEOE.

Como ya informó ABC, el pasado febrero, Yolanda Díaz incluía a Pimec en la Comisión Nacional de Convenios Colectivos y la patronal catalana, una de las patas de Conpymes junto a los autónomos afines a Sumar, Uatae, conseguía su ansiada representación institucional. La operación se repetía hace unas semanas, cuando el Consejo de Ministros aprobada con el máximo sigilo un real decreto firmado en este caso por el ministro de Industria, Jordi Hereu, por el que se modificaba la composición del Consejo Estatal de la Pyme con el argumento de que es un compromiso europeo. De nuevo se abrían las puertas de la representación institucional a Conpymes y a Pimec, movimientos que acercan el objetivo de la patronal adversaria de CEOE de abrir el melón de la representatividad y de sentarse en las mesas donde se negocian las reformas laborales y los convenios.

El Consejo Estatal de la Pymes es un organismo consultivo con poca actividad, pero un organismo del Estado, de ahí la importancia que participar en él tiene para las patronales apoyadas por el Ejecutivo. Ahora, las organizaciones presididas por Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva cuentan con dos vocales cada una, con la nueva modificación otras dos vocalías serán para Conpyme y Pimec.

El disgusto empresarial se escenificada hace apenas una semana, cuando CEOE, Cepyme y UGT, en solidaridad con las patronales, abandonaban un acto europeo en Madrid organizado por el Ministerio de Trabajo tras toparse con con Conpymes. El acto, «Hacia una Europa social con nuevos derechos», se celebraba con motivo del Día de Europa y a él asistieron ministros, eurodiputados y agentes sociales.

El enfrentamiento con las empresas no va a parar la hoja de ruta reformista de la vicepresidenta segunda. Frustrado por el Congreso su intento de meter a sindicatos y trabajadores en los consejos de administración, Yolanda Díaz pretende abordar la rebaja de jornada hasta las 37,5 horas sin reducción de salarial y el encarecimiento del despido, dos objetivo que no cuentan con el apoyo de las empresas. Ahora ha añadido un nuevo objetivo: impedir la deslocalización de las empresas, una batalla que inició cuando Ferrovial anunció el traslado de su sede a los Países Bajos. Así lo aseguró ayer en su visita en la planta de Saint Gobain en Asturias, tras la decisión de la compañía de cerrar en Avilés.

De momento, en la parrilla de salida está un vuelco a la regulación del despido y la ministra quiere hacerlo por varias vías. Su idea es suprimir la caída de beneficios como causa una extinción objetiva y cumplir con la doctrina europea para que el fin de la relación laboral «no sea rentable» para las empresas, y para que la indemnización, en caso de despido injustificado, repare «adecuadamente» el daño causado al trabajador. Será como informó este diario una fórmula de despido 'a la carta' en función de factores personales y se acometerá este mismo año, según los planes de Trabajo.

Sostiene Trabajo que la regulación española del despido debe adaptarse a las exigencias de la Carta Social Europea y a la doctrina de la Comité Europeo de Derechos Sociales, que ha resuelto que el despido improcedente no cumple con el principio de resarcimiento, tal y como habían denunciado los sindicatos UGT y CC.OO en julio de 2022. El pronunciamiento del organismo europeo no es, sin embargo, vinculante para España, pero la titular de Trabajo está decida a utilizarlo como excusa para dar el giro a la legislación.

Y sobre la rebaja de jornada, Díaz, ha hecho un llamamiento a CEOE para alcanzar un acuerdo «antes de verano» y si no es posible el Gobierno legislará sin ellos antes de fin de año. El acuerdo del Gobierno de coalición contempla el compromiso de que en 2024 la jornada máxima quede reducida de las actuales 40 horas semanales a 38,5 horas. Para que en 2025 la rebaja llegue a las 37,5 horas. Y todo ello sin rebaja de sueldo. La propuesta de la patronal, sin embargo, es negociar empresa por empresa en función de la productividad.