El Gobierno lleva su pulso con los jueces al terreno fiscal y zarandea la seguridad jurídica
La secuencia de resoluciones judiciales contrarias a los intereses de Hacienda y retoques legales sobrevenidos para regatearlas descoloca a profesionales y contribuyentes
Hacienda usa su reforma fiscal para desactivar sentencias que le han costad 4.000 millones

La guerra abierta que el Gobierno mantiene desde hace años con el poder judicial se ha filtrado de manera igualmente intensa pero más soterrada al terreno fiscal. La refriega se sustancia con dureza pero con sordina. Rara vez vez emerge al debate público. Los ... magistrados lamentan en privado la ligereza con la que Hacienda se apresura a corregir a golpe de BOE criterios que pueden tardar años en formarse, mientras que en los pasillos del Ministerio y en las oficinas de la Agencia Tributaria son habituales las quejas por lo que ven como injerencias de los tribunales en sus procedimientos de actuación. Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que incluso se llegó a elaborar un documento con una relación de sentencias con etiqueta de cuestionables, si bien nunca ha sido utilizado en público ni por la ministra ni por ningún otro alto cargo del Ministerio.
La tensión ha llegado a aflorar en público en alguna ocasión. En el mundillo de la fiscalidad fue muy comentado un episodio de hace un año en Santander, en el marco del Encuentro Tributario que desde hace unos años celebra la Agencia Tributaria con el Consejo General del Poder Judicial, en el que un alto funcionario con responsabilidades en la Agencia Tributaria cargó en presencia de un magistrado del Supremo contra la jurisprudencia del Tribunal sobre el control judicial de los registros domiciliarios a contribuyentes, insinuando que dificultaba y obstaculizaba la lucha contra el fraude fiscal. Este año ese encuentro ya no se ha celebrado, según fuentes de la Agencia Tributaria por dificultades para cuadrar las agendas.
Encontronazos continuos
Entre tanto la refriega persiste. Las limitaciones impuestas por el Tribunal Supremo a las inspecciones por sorpresa del personal de lucha contra el fraude de la Agencia Tributaria es el caso más paradigmático, pero no el único. Es el más paradigmático porque afloró un 'modus operandi' que se ha repetido después con cierta asiduidad. En octubre de 2021 el Supremo dejó sentado que la Inspección de Hacienda no podía realizar registros domiciliarios sin previo aviso y a partir de meras intuiciones o referencias estadísticas generales. Temerosa de perder uno de sus instrumentos de detección de fraude más poderosos, Hacienda -que asegura detectar fraudes de más de 100.000 euros en dos de cada tres actuaciones de este tipo- introdujo una enmienda a su ley de medidas contra el fraude para mantener abierta la vía de las inspecciones domiciliarias, esquivando así el criterio del Supremo. El retoque legal recibió el apoyo del Parlamento, pero no el visto bueno del Supremo que juzgó como «evidente» que la reforma no cubría todas las lagunas legales de este modo de actuación.
Hacienda ha repetido ese forma de actuar contra otras resoluciones del Supremo, que tratando de salvaguardar derechos de los contribuyentes cuestionaban criterios de actuaciones asentados en el Fisco en asuntos como la aplicación de la deducción por alquiler de vivienda, la estimación de valor de los inmuebles a efectos fiscales o el pago del IAE. En todos los casos el Gobierno cambió la ley para esquivar el criterio del Supremo.
Inseguridad jurídica
Esta espiral de acción-reacción tiene como víctimas a los contribuyentes. «Consideramos esencial que las resoluciones del Tribunal Supremo sean respetadas, valoradas e incorporadas al ordenamiento, y no desactivadas mediante reformas reactivas», subraya Bernardo Bande, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf).
«Cada reforma reactiva que desactiva una sentencia del Supremo erosiona la legitimidad del sistema tributario», remacha, mostrando su preocupación por un fenómeno que, dice, se ha convertido ya en práctica recurrente del legislador.
«No pueden aprovecharse las leyes para quitarse de en medio la jurisprudencia del Supremo», coincide Rubén Gimeno, secretario técnico del Registro de Asesores Fiscales. «Hay empresas o particulares que incurren en un importante coste económico y personal para defender sus derechos y no puede ser que luego Hacienda te cambie el marco regulatorio de un plumazo cuando te dan la razón».
Los efectos distorsionadores de esta práctica volvieron a verse con el caso de los mutualistas. Una sentencia del Supremo obligó a Hacienda a reparar una injusticia histórica a cientos de miles de miembros de las antiguas mutualidades del trabajo. Hacienda se compromete a pagar las compensaciones exigidas hasta que se da cuenta de que la factura es más gravosa d e lo que esperaba y cambia el procedimiento de forma unilateral provocando la confusión y la indignación de los mutualistas y todo el mundillo fiscal.
El Supremo, por su parte, no parece tener intención de cambiar su enfoque en defensa de los derechos del contribuyente. El magistrado José Antonio Moreno Fernández denunció en una reciente jornada tributaria organizada por el Colegio de Abogados de Madrid «el uso estratégico de las sanciones para reforzar la capacidad recaudatoria de la Administración» por parte de la Agencia Tributaria. Habló de la voluntad de sometimiento de los contribuyentes para forzar su rendición procesal y ratificó la voluntad del tribunal de reforzar la seguridad jurídica y la proporcionalidad del procedimiento.
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