La Justicia pone en busca y captura al expresidente de Cepsa Al Qubaisi por blanqueo de capitales en la venta de la Torre Foster

En un auto, el magistrado plantea a la Fiscalía la presentación de una demanda de decomiso autónomo para que el Estado español sea el destinatario final de los más de 34 millones bloqueados a las sociedades Muscari, vinculadas a Al Qubaisi, así como de una serie de inmuebles en Marbella, Estepona y Madrid y de cuadros incautados por el juzgado. Igualmente, el instructor solicita informe al Ministerio Público sobre la posibilidad de emitir órdenes europeas e internacionales de detención para este investigado.

La Torre Foster, también conocida como Torre Cepsa, pertenecía a Bankia hasta que en 2013, un año después de su nacionalización, se deshizo del segundo edificio más alto de España, situado en la zona empresarial de Madrid conocida como las Cuatro Torres. La modalidad elegida fue un contrato de arrendamiento con opción a compra firmado con Muscari Property, la compañía neerlandesa que utilizó Al Qubaisi para la operación, que concluyó en 2016 por el total de 400 millones de euros. No obstante, un día después el empresario revendió el inmueble a Pontegadea, incrementando su importe hasta los 498,1 millones de euros, casi un beneficio de 100 millones de euros.

En el auto, al que ha tenido acceso ABC, el magistrado apunta que desde la cuenta de Muscari Property en Bankinter se ejecutaron dos transferencias: la primera, el 17 de noviembre de 2016 por importe de 54 millones de euros a una cuenta de dicha sociedad en Emiratos Árabes, «y ello, a pesar de conocerse las noticias sobre los problemas judiciales de Al Qubaisi y el bloqueo de sus bienes»; y una segunda transferencia, el día 26 de enero de 2018, a una cuenta en Curaçao por importe de 1.037.500 euros, a una cuenta de la misma sociedad.

Estos hechos y otros, añade el juez Calama, fueron «objeto de investigación por el Sepblac (autoridad antiblanqueo en España) que derivó en una multa administrativa de 8 millones de euros impuesta a Bankinter por la Ministra de Economía por infracciones de la normativa en materia de blanqueo de capitales«.

Para Calama, los hechos son constitutivos de un delito de blanqueo de capitales cometido por el titular real del dinero con el que se pagó la prima para la opción de compra, acompañada del pago de la fianza para el arrendamiento objeto del contrato, esto es, Abdulla Khadem Buti Al Qubasi.

También serían constitutivos de un delito contra la Hacienda pública puesto que como titular real aparece como beneficiario de las ganancias materializadas tres años después y que alcanzan, aproximadamente, la cantidad de 100.000.00 euros. «Las ganancias derivadas de estas operaciones inmobiliarias en territorio español, procedentes de los fondos con origen lícito y objeto de blanqueo de capitales, no fueron sometidas a tributación efectiva en nuestro país. Por tanto, estos hechos podrían ser constitutivos, asimismo, de un delito contra la Hacienda Pública, (…) correspondiente al año 2016, e imputable a Khadem Al Qubaisi.».

En definitiva, señala el instructor, Al Qubaisi creó y utilizó sociedades instrumentales 'ad hoc' para el blanqueo de capitales obtenidos a través de negocios jurídicos delictivos cometidos fuera de nuestro país, y eludió las obligaciones fiscales derivadas de la obtención de ganancias obtenidas dentro de nuestras fronteras con estos fondos ilícitos.

De esta manera, subraya, «mediante la utilización de una ingeniería jurídico-societaria adherida a la actividad de ciertos intermediarios en determinados ámbitos de nuestra economía ha contribuido a oscurecer las relaciones negociales auténticas entre las diversas personas jurídicas y físicas contempladas en la denuncia presentada por el Ministerio Fiscal. De esta forma, las mercantiles a las que inicialmente se dirigía la denuncia formulada son meramente instrumentales, cuyo único fin es colocar fondos desvinculándolos de su origen ilícito».

En su resolución, Calama expone la figura del decomiso autónomo, recogida en la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2024, que permite la privación de la titularidad de los bienes procedentes del delito pese a que el autor no pueda ser juzgado, como ocurre en este procedimiento.

En este caso, el magistrado considera que el Ministerio Fiscal debe actuar con carácter inmediato y presentar una demanda de decomiso autónomo para que el Estado español sea el destinatario final de los más de 34 millones de euros bloqueados a las sociedades Muscari, así como de los «importantes» inmuebles situados en Marbella, Estepona y Madrid y también de otros bienes incautados por el juzgado.

«No se puede permitir -dice el juez- que estructuras societarias de naturaleza fiduciaria -creadas a través del departamento de ingeniería financiera de la banca Edmond Rothschild- sean las destinatarias de tales bienes pues el propietario real de las mismas no es otro que el investigado Kadhem Al Qubaisi, persona sobre la que convergen importantes indicios de criminalidad de estafa internacional, blanqueo de capitales y delito fiscal. El Sr. Naser Almur Alzaabi no ha sido más que un «testaferro de última hora» para intentar que el Sr. Al Qubaisi pudiera eludir el bloqueo decretado sobre su patrimonio».

Para Calama, Al Qubaisi ha utilizado las mercantiles Muscari Property BV y Muscari Development BV Sucursal en España como sociedades meramente instrumentales al servicio del delito, razón por la cual no existen motivos o circunstancias que aconsejen levantar las medidas cautelares reales adoptadas, sino todo lo contrario, al haberse reforzado los indicios incriminatorios contra el referido investigado. «Estamos así en presencia de un entramado societario constituido en torno a Khadem Abdulla Khadem Butti Al Qubaisi, quien implementa, dirige y ordena una estructura de sociedades, con el objeto de proceder al blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos, así como la evasión fiscal de las ganancias obtenidas con estos ilícitos capitales».

El juez acuerda la busca y captura nacional de Al Qubaisi y del presunto testaferro Naser Mohamed Naser Almur Alzaabi, toda vez que la colaboración de las autoridades judiciales de Emiratos Árabes «ha brillado por su ausencia», pese a haber hecho, dice, todo lo posible para recabar su colaboración. «Lo cierto es que nos hemos encontrado con un muro de silencio», advierte.

En cuanto a la emisión de órdenes europeas e internacionales de busca y captura, el magistrado señala que, con carácter previo, debe recabar informe de la Fiscalía.

En su resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro acuerda asimismo el sobreseimiento provisional de la causa para tres investigados y para las sociedades Muscari Properti BV y Muscari Development BV sucursal en España por cuanto ambas mercantiles carecen de la estructura interna necesaria compleja como para dotarlas de relevancia propia y porque fueron creadas de manera instrumental para la comisión de los delitos.