La Junta justifica la ruptura del acuerdo con Madrid por su alto coste

El Pleno de las Cortes Regionales debatió ayer sobre este convenio sanitario con dos resoluciones totalmente opuestas. Por un lado, la del PSOE y Podemos, de apoyo al Gobierno regional para la «suspensión y/o revisión» del convenio sanitario con Madrid, y para instar al Gobierno de España a que recupere el Fondo de Cohesión. Propuesta que salió adelante con 17 votos a favor y los 16 en contra de los diputados del PP, que en otra resolución pedían todo lo contrario, el mantenimiento del convenio para garantizar una atención especializada en el hospital más cercano a 380.000 castellano-manchegos.

Fue el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, que se estrenó en la tribuna de oradores, quien defendió la suspensión del convenio sanitario argumentando el alto coste que supone para las arcas de Castilla-La Mancha, 65 millones de euros, y que sólo servirían para financiar a hospitales de la comunidad de Madrid.

Fernández Sanz consideró que no garantiza una atención sanitaria «igualitaria y equitativa» por lo que no tiene ventajas para los ciudadanos castellano-manchegos, pues «nos quitan los pacientes en el plazo que quieren, nos cobran lo que ellos deciden y nos devuelven los pacientes más complejos», indicó.

Además, hay diferencias entre los pacientes de Guadalajara, que tienen una cartera de servicios completa en Madrid, mientras que los de Toledo son atendidos en hospitales (Aranjuez y Parla) con la cartera de servicios básica.

La solución que ofreció el responsable de Sanidad es que el Gobierno de España fortalezca el fondo de cohesión sanitaria «que es el que proporciona equidad en la atención sanitaria a los ciudadanos» e insistió en que el convenio firmado por el anterior gobierno regional «solo tiene ventajas para una región, Madrid».

También apostó por reinvertir los 65 millones de este convenio en mejorar los servicios y hospitales de la región. Mientras tanto, los ciudadanos tendrán que seguir recibiendo atención en Toledo o Guadalajara.

En el turno de réplica, el diputado del PP y alcalde de Seseña, Carlos Velázquez, cuya localidad es una de las más afectadas por la suspensión del convenio, se mostró muy crítico tanto con el consejero como con el presidente de la región, Emiliano García-Page, a quien recordó que como senador votó a favor del convenio hace unos meses.

Velázquez reprochó a los socialistas que ahora pongan precio a la Sanidad, cuando en los últimos años han sido los primeros en alzar la voz en contra de los recortes. Sin embargo, «hay más camas cerradas que nunca y se han disparado las listas de espera, de ahí que no quieran publicarlas».

«La suspensión ataca directamente a la libertad de elección que en estos momentos tenían los ciudadanos de Toledo y Guadalajara», insistió el diputado popular.

Desde el Partido Popular, dijo, «vamos a seguir dando la batalla, haciendo todo aquello que esté en nuestra mano para poder permitir la libre elección», una demanda histórica, recordó, de los vecinos de estas provincias, que reclamaban poder utilizar los hospitales más cercanos a sus municipios.

Tanto la portavoz del PSOE, Blanca Fernández, como el de Podemos, David Llorente, apoyaron al consejero en su decisión de suspender el convenio, insistiendo en su coste y en que hasta el momento sólo han sido 13.000 toledanos los que han manifestado su deseo de acudir a un hospital de Madrid, cifra muy lejana a los más de 160.000 de los que habla el PP.

El otro debate general celebrado ayer en el Pleno de las Cortes fue para los refugiados. Se aprobó por unanimidad una resolución pidiendo soluciones efectivas a la crisis de los refugiados de Siria y agilizar los trámites burocráticos de acogida.

Los tres grupos parlamentarios apoyaron, a iniciativa del PP, la enmienda consensuada por los grupos del Congreso de los Diputados en la que se pide al Ejecutivo central, además de agilizar los trámites para la acogida de este colectivo, que adapte la respuesta dada a las necesidades de acogida e integración a las nuevas cifras de llegadas y las previsiones de la UE en materia de reubicación y asentimiento.

La resolución también emplaza al Gobierno central a apoyar una política integral de asilo en la UE, institución que debe contar con las competencias para abordar una «verdadera política común», que incluya los principios y las ayudas a la integración de los refugiados y la cooperación con terceros países, «que debe contar con los recursos financieros suficientes».

Se aprobó, además, con el apoyo de PSOE y Podemos y la abstención del PP, otra resolución en la que se insta al Gobierno de Castilla-La Mancha a liderar una acción coordinada entre todas las administraciones de la región y las organizaciones sociales que trabajan con personas refugiadas y en materia de cooperación al desarrollo para poder definir posibles medidas a adoptar y colaborar con el Gobierno central en dar una «respuesta urgente e integral».

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, aprovechó su comparecencia para reclamar al Gobierno de Mariano Rajoy «más información, coordinación y eficacia» y anunció la creación de una Oficina Regional de Atención a las Personas Refugiadas y la Mesa Regional de Coordinación, puesta en marcha con la colaboración de todas las consejería, las entidades sociales y la Femp.

Desde el Grupo Parlamentario Popular, la diputada Cortes Valentín exigió a Page «que se deje de palabras vacías y empiece a poner hechos encima de la mesa».