Los directores del CSIC, satisfechos por los 70 millones, aunque siguen «preocupados»

Los directores de centros e institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ( CSIC ), han recibido con «preocupada satisfacción» el anuncio de que el Consejo de Ministros ha aprobado un crédito extraordinario de 70 millones de euros para el CSIC , «evitando así el colapso de la investigación llevada a cabo en su seno».

En una nota de prensa conjunta, recuerdan que a finales del pasado mes de julio se reunieron con la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela , para alertar de la situación crítica del organismo. En aquel encuentro, Vela «adquirió el compromiso, que ahora se ve cumplido, de gestionar dicho crédito para otoño», señalan.

«Es bueno que las promesas se cumplan», declaran los directores a través de la nota. Sin embargo, también han expresado su «preocupación por el futuro de la institución, dado que la suma alcanzada por los créditos extraordinarios (95 millones) durante 2013 no se ve contemplada en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2014, en los que las transferencias ministeriales al CSIC contemplan una subida de tan solo 50 millones».

De no consolidarse la cantidad conseguida este año, advierten, «el CSIC volvería a tener el mismo problema de funcionamiento en 2014». El problema, explican, se vería agravado por «la dificultad de conseguir financiación competitiva por parte de los investigadores, dados los recortes que están sufriendo las convocatorias de proyectos nacionales de investigación de todo tipo y que la convocatoria de Proyectos del Plan Estatal todavía no se haya publicado después de casi un año de retraso».

Este colectivo del CSIC que recientemente suscribía los cuatro puntos de Carta por la Ciencia, recuerda que hay que intentar recuperar urgentemente los niveles de financiación pública que ya existían en 2009, superiores en 1.900 millones a los actuales, así como la eliminación de los límites de la tasa de reposición de empleo público en el sector de I+D.

En la actualidad, apuntan, «sólo está autorizado reponer 1 de cada 10 jubilaciones como máximo en organismos de investigación o de enseñanza superior, lo que impide incorporación de nuevos recursos humanos al sistema y supone la pérdida de excelentes investigadores jóvenes».