López Orozco colaborará con De Lara, pero lamenta que se apunte su nombre

Lugo se ha convertido en el epicentro de «operación Pokemon». La vinculación de varios de los imputados con supuestas adjudicaciones irregulares que podrían haberse fraguado desde el Consistorio en connivencia con el que fuera hombre clave en el gobierno de José López Orozco, Francisco Fernández Liñares, redirige una investigación que en su origen hacía saltar por los aires el Ayuntamiento de Orense. La dimisión de su alcalde, Francisco Rodríguez (PSOE), y uno de sus concejales, el nacionalista Fernando Varela, ambos en libertad e imputados por cohecho y tráfico de influencias, ponían en jaque la gobernabilidad de la capital de la provincia.

La documentación incautada por los agentes de aduanas durante los registros practicados es la que está marcando ahora la hoja de ruta. Patrocinios realizados a eventos municipales de la ciudad por las empresas sobre las que gira la investigación. Cechalva, encargada de la gestión de la grúa, y Sanle, cuyo propietario Manuel Santiso forma parte del trío lucense que completan Fernández Liñares y Reguera. Multas que hacían engordar la caja registradora de la firma de Jorge Pío Cecchini -también imputado- y millonarias adjudicaciones para Sanle que apuntan a «colaboradores necesarios» en el Ayuntamiento de Lugo que podrían salpicar a varios integrantes de la Corporación , entre los que podría encontrarse el alcalde de Lugo, como máximo responsable del gobierno.

«Leo en la prensa que en la «operación Pokemon» parece que hay quien habla de mí. Como saben todos los lucenses, soy alcalde de Lugo por decisión de los vecinos. Hay gente interesada en dañar mi imagen, pero no me dan miedo. Ya se intentó más de una vez y la Justicia demostró mi inocencia» . Eran palabras del alcalde de Lugo, José López Orozco, la pasada semana tras conocerse que Javier Reguera, representante de la ORA en la ciudad y funcionario en excedencia, había implicado directamente al munícipe en la trama que investiga supuestas adjudicaciones irregulares de contratas públicas. Ayer, el regidor volvía a la carga y preguntado al respecto de su posible imputación, extremo que el viernes era un secreto a voces en la capital lucense pero que no llegó a producirse, arremetía directamente contra aquellos que intentan criminalizarle antes de tiempo, en clara referencia a los medios de comunicación .

«Por ahora, a no ser que cambien las cosas, quienes imputan en este país y quienes tienen el poder para imputar son los jueces», zanjaba visiblemente molesto. Quien confía en que «todo este asunto no empañe la campaña socialista», señalaba desde la «perplejidad» que trabaja «tranquilo», a la espera de que la juez que instruye el caso, Pilar de Lara, resuelva sobre el escrito que presentó para comparecer voluntariamente .