Justicia subirá las tasas para recaudar 300 millones al año

De 172 millones de euros recaudados en 2010 a 300 millones. Este es el objetivo que se ha marcado el Ministerio de Justicia para evitar la «litigiosidad artificiosa que satura actualmente los juzgados». El Consejo de Ministros aprobó ayer un anteproyecto de ley por el que se revisan las tasas judiciales vigentes desde 2002. A partir de ahora, el que quiera una «segunda opinión» de los Tribunales tendrá que pagar, sea persona física (ciudadano de a pie, hasta ahora exento de tasas propiamente dichas) o jurídica.

La modificación que quiere poner en práctica el Gobierno implica que las tasas judiciales que ya existían —para las sociedades con una facturación superior a los 8 millones de euros— experimentan un incremento en algunos casos de más del doble, lo que supone que si actualmente se pagan 300 euros de tasas por un recurso de apelación en el orden civil esta cifra pasa a ser ahora de 800 euros. Al equiparse personas físicas y jurídicas, cualquiera que, por ejemplo, quiera recurrir una sentencia de reclamación de cantidad desestimatoria, tendrá que abonar esos 800 euros, cuando ahora no paga nada. «Las tasas, sumadas a los gastos de abogado, procurador y, en su caso, costas, crea un efecto absolutamente disuasorio en el ciudadano», advierten fuentes jurídicas.

Lo mismo sucede en la jurisdicción contencioso-administrativa, donde el recurso contra el pago de una multa costará más que afrontar directamente la sanción, «aunque uno esté convencido de que tiene la razón».

Aunque desde el Ministerio se justifica esta medida en que con ella se impulsa la mediación —como alternativa a los Tribunales— y se evita el abuso de la litigiosidad, fuentes de la Abogacía advierten de la dudosa constitucionalidad de la imposición de las tasas, por cuanto se limita el acceso a la justicia que la Constitución reconoce a todo ciudadano.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha insistido en repetidas ocasiones en que esas tasas servirán para sufragar los gastos de la justicia gratuita y que las personas sin recursos no tendrán que pagar.Sin embargo, el año pasado sólo un millón de ciudadanos se beneficiaron de ella.