Visto bueno a la ley de medidas urgentes de la administración local que «resolverá las dudas» de la estatal
La Xunta no recurrirá la ley estatal ante el Tribunal Constitucional, pero no descarta «seguir mejorándola»
c. pichel
El número dos de Feijóo, que está regresando de su viaje a México y Panamá, ha sido el encargado de explicar este jueves en rueda de prensa los asuntos tratados en el Consello de la Xunta. Entre ellos, la aprobación del proyecto de ley de ... medidas urgentes de la administración local que tiene por objetivo «resolver dudas y casuísticas» surgidas de la aplicación de la normativa estatal, según ha señalado Alfonso Rueda.
Se trata de un texto, elaborado en colaboración con la Fegamp, que se adecúa a las pecularidades del «tejido local gallego», pero «respetando» la normativa del Gobierno central. Nace después de las quejas transmitidas por varios ayuntamientos gallegos sobre su implantación y para «evitar disfuncionalidades interrupciones de servicios» que, en todo caso, repercutirían en el ciudadano.
Rueda ha hecho hincapié en el carácter «sencillo» de esta ley de medidas urgentes que explicita, entre otros asuntos, que los concellos podrán seguir prestando servicios sociales, uno de los apartados que más dudas suscitaba. Además, con este texto, que el Ejecutivo espera que empiece a funcionar en junio, se rechaza la posibilidad de recurrir la normativa estatal al Tribunal Constitucional como pedía la oposición, aunque «lo que no se descarta es seguir mejorando la ley», ha puntualizado el también conselleiro de Presidencia.
El vicepresidente autonómico ha remarcado que este texto no choca con otro de los compromisos de su Gobierno como es la modificación de la ley de la administración local de Galicia. En ella ya se está trabajando, si bien no se podrá finiquitar, según Rueda, hasta «que se cambie el sistema de financiamiento autonómico», algo que depende del Gobierno central.
Áreas de gestión clínica
Por otro lado, el Consello también ha aprobado la creación de la Agencia de Servicios Sociales, que gestionará «todo lo relacionado con el sector y pondrá bajo el mismo paraguas a 300 entidades y a unos 4.000 trabajadores», así como el decreto que crea las áreas de gestión clínica.
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