Los diez retos de Rajoy para que los votantes recuperen la confianza en el PP

Una crisis de Gobierno para impulsar la iniciativa

El desgaste del Gobierno y el PP en la primera parte de la legislatura ha cristalizado en las primeras elecciones de ámbito nacional desde el pasado noviembre de 2011. El inicio de la recuperación económica y los primeros datos positivos sobre creación de empleo y afiliados a la Seguridad Social no han podido evitar el retroceso de los populares, pese a seguir siendo la primera fuerza política del país.

En esta situación en muchos ámbitos se planteó la posibilidad de que el presidente Rajoy acometiera una crisis de Gobierno de calado para empezar el próximo otoño, decisivo ya para las siguientes elecciones generales, con iniciativa política y un mayor empuje y decisión en algunas de las áreas clave del gabinete. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo descartó la remodelación a la primera oportunidad que tuvo, y salió en defensa del «buen trabajo» de todos sus ministros.

El actual Gobierno, defendió Rajoy en Bruselas, «ha trabajado muy bien, lo ha hecho con gran intensidad y en una situación muy complicada y muy difícil». No obstante, en algunos sectores se echa de menos un discurso político mucho más potente, y más contundencia a la hora de aplicar algunas de las reformas que ha abanderado el Gobierno del PP.

Los mensajes sobre la recuperación y los avances no calan

El optimismo «realista» del Gobierno sobre la recuperación económica, los avances en la creación de empleo y los resultados que están empezando a obtenerse después de varios años de duros sacrificios entre los ciudadanos no acaba de calar en la opinión pública. En la primera reunión del PP después de las elecciones europeas del domingo, el presidente del partido, Mariano Rajoy, ya pidió un esfuerzo de explicación y comunicación, para que las políticas del Gobierno, que ya no son de recortes y ajustes, sino que tienden a la expansión, lleguen realmente a la sociedad.

Hay un ejemplo para este problema. Una de las reformas más importantes que se está llevando a cabo esta legislatura, y que Rajoy sitúa como prioridad, es la que afecta a las Administraciones Públicas. Pues bien, ya ha sido bautizada como la reforma «silenciosa», por lo poco que se «vende» y se explica a los ciudadanos.

En el Gobierno hay pocas voces políticas. Cuando no habla Rajoy, lo hace la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría cada viernes, en las ruedas de prensa de los Consejos de Ministros. El resto de ministros suelen estar «desaparecidos», salvo que la oposición los reclame para los plenos del Congreso.

La reforma fiscal, o el cumplimiento del programa electoral

La próxima gran reforma que viene es la que afecta de forma integral al sistema fiscal en España. El Gobierno quiere tenerla lista este mes de junio, para enviarla a las Cortes y que esté plenamente aprobada y en vigor en 2015, último año de la legislatura. Es una de las grandes bazas con que cuenta el Ejecutivo de Rajoy, ya que previsiblemente se corregirá el incumplimiento del programa electoral, e incluirá la prometida bajada de impuestos, así como ayudas fiscales a las familias y a las mujeres en situación de vulnerabilidad, así como a las pequeñas y medianas empresas.

El Gobierno y el PP han optado en la última campaña por no hacer ningún anuncio relacionado con una reforma que les dará mucho juego y que incluirá un buen abanico de ayudas fiscales y sociales. Fue una carta que no quisieron usar. Y precisamente por ahí siguen haciendo agua: ahora que por fin el Ejecutivo empieza a recuperar el programa electoral con que ganó las elecciones de 2011, de momento no lo ha querido utilizar ante la primera cita electoral. Hasta ahora, la oposición había usado el incumplimiento del programa para acusar al Gobierno de Rajoy de «mentir». La nueva reforma puede darle ahora una ventaja.

La financiación de la Sanidad, pacto de Estado pendiente

Cuando el PP llegó al poder se encontró con un agujero de 16.000 millones de euros en la Sanidad pública, buena parte de ellos como deuda en el pago a proveedores. El sistema era insostenible, y una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno fue aplicar unos recortes de 7.000 millones de euros, que incluían el copago en función de la renta y el ahorro farmacéutico. En el último plan de reformas enviado a Bruselas se informa de un ahorro total de 5.100 millones, que el Gobierno espera que sea de 7.000 cuando acabe la legislatura. Pero la financiación sostenible de la Sanidad sigue siendo una asignatura pendiente, como se reconoce en el propio Ministerio. En el Departamento de Ana Mato, no obstante, se insiste en que no va a haber un solo recorte más en Sanidad.

La agenda social del Gobierno sigue siendo uno de sus «déficits» en esta legislatura, lastrada por los recortes y ajustes de los primeros meses. Una vez pasado lo peor, Rajoy ha pedido tanto a la vicepresidenta como a la ministra de Sanidad y Servicios Sociales que acentúen las medidas sociales del Gobierno y las expliquen bien a todos los ciudadanos. El plan de apoyo a la familia será una de las iniciativas más importantes.

Una reforma de la Administración más a fondo

La reforma de las Administraciones Públicas que el Gobierno de Rajoy, a través del Ministerio de Presidencia, está impulsando desde hace casi un año es de un calado nunca visto antes en España. Con las 220 medidas que incluye, supondrá un ahorro de 37.700 millones, y una limpieza de duplicidades entre administraciones públicas, así como de organismos y empresas públicas de muy dudosa necesidad. Se trata de una prioridad absoluta para el Gobierno, pero para muchos debería haber ido más allá, y tocar realmente el hueso del entramado administrativo y territorial de España.

La reforma no entra en la fusión de ayuntamientos, ni en el debate sobre las diputaciones provinciales, ni en la sostenibilidad de los diferentes niveles de administración en España, que en algunos casos, como en Barcelona, llegaría a seis. Además, la llamada reforma «silenciosa», por el escaso impacto que está teniendo, pese a todo, en la opinión pública, se limita a sugerir en muchos casos a las comunidades a tomar medidas para ajustar su administración, pero sin fuerza decisoria.

El debate ideológico, una renuncia que lastra el PP

Hay debates que el Partido Popular, directamente, renuncia a sostener, o bien se repliega ante la presión de la oposición. Se ha visto claramente con la reforma de la ley del Aborto, incluida en el programa electoral del PP, y respaldada mayoritariamente por su electorado y sus bases. La contestación de la izquierda fue rotunda, y tanto el Gobierno como el PP, lejos de defender su posición a favor de la vida y en contra de una ley que supone de hecho el aborto libre en España, pasó a la defensiva y no defendió su propio proyecto de reforma, que de momento sigue sin salir del Consejo de Ministros y sin remitirse al Congreso de los Diputados.

En las filas del PP se sigue produciendo cierto «complejo» cuando se trata de debatir sobre asuntos sociales ante la izquierda. Son debates perdidos de antemano, en los que el PP adopta una postura tibia y no acaba de pisar fuerte, en este caso con una reforma que tiene el respaldo de millones de españoles, como se vio en las urnas.

Perfil bajo en el partido o volcarse al cien por cien

María Dolores de Cospedal ha registrado uno de los mayores éxitos del PP en Castilla-La Mancha, con un saneamiento de las cuentas regionales que ha sido muy elogiado, y de forma especial, por Rajoy en la campaña. En las elecciones, el PP ha vuelto a ganar en su región, con nueve puntos de diferencia respecto al PSOE. Pero su trabajo en Castilla-La Mancha no le permite dedicarse al cien por cien a su segunda tarea, como secretaria general del PP, en un momento especialmente crítico en el que muchos ven necesario volcarse en el trabajo interno del partido. Más aún, cuando queda tan solo un año para unas elecciones municipales y autonómicas en las que el PP se juega buena parte de su poder territorial, y que además abrirán o cerrarán la puerta de La Moncloa unos meses después.

Cuando Cospedal no está en el partido, porque cumple con su trabajo como presidenta de Castilla-La Mancha, se suele recurrir a un perfil más bajo, sin el peso necesario para marcar una posición política y trasladar el mensaje oportuno a la sociedad. En ese sentido, no estar en el partido al cien por cien puede suponer un problema ante las próximas citas electorales.

Respuesta eficaz ante el desafío de Cataluña y País Vasco

El mayor problema político que tiene planteado ahora mismo el Gobierno de Mariano Rajoy, como ha reconocido él mismo, es el desafío independentista en Cataluña, sobre el que el País Vasco amenaza con unirse de manera recurrente. El Ejecutivo ha garantizado que la consulta ilegal no se celebrará el 9 de noviembre, pero lo cierto es que los nacionalistas siguen dando pasos en esa dirección, apoyados en un relato de la Historia hecho a su medida, repleto de falsedades, y en una identidad «nacional» que desvinculan por completo de España y de la historia común.

En las últimas elecciones europeas se ha comprobado que los independentistas han acudido a votar en bloque (en Cataluña ha habido una participación dos puntos por encima de la media nacional, y ha ganado ERC), en plena ola secesionista. Desde el Gobierno de la Nación se ha optado desde el principio por la prudencia, la ley y el diálogo, pero se ha echado en falta una respuesta más firme ante las provocaciones y pasos que siguen dando los secesionistas, y una contestación contundente en el debate territorial e histórico donde se ponga énfasis en los éxitos colectivos.

La reforma de la Educación, riesgo de quedarse a medias

Los datos son tozudos sobre los graves problemas de la educación en España, tanto en la enseñanza no universitaria como en la superior. En el primer caso, la tasa de abandono escolar dobla la media europea, los resultados en los informes de PISA están por debajo de la media de la OCDE, tanto en matemáticas, lectura y ciencias como en la aplicación de los conocimientos a problemas prácticos, y la tasa de repetidores duplica la de los países desarrollados. El Gobierno ha aprobado una reforma educativa, la Lomce, que trata de combatir buena parte de estos problemas, aunque todavía no ha podido entrar de lleno en el futuro papel del profesor, la pieza clave de esta transformación.

La reforma universitaria está aún más verde y aún no hay un proyecto concreto. Mientras, las universidades españolas siguen prácticamente ausentes de los rankings internacionales, y el exceso de campus y de titulaciones, así como la politización y la endogamia, frenan su evolución hacia una mayor excelencia, especialización e internacionalización.

Una justicia ágil y sin subordinación al poder político

Una reforma integral de la Justicia para que el ciudadano vuelva a recuperar la confianza en ella y un menor control del Ejecutivo sobre los jueces. Son las dos máximas sobre las que debe pivotar cualquier actuación que el Gobierno de Mariano Rajoy quiera llevar a cabo en este ámbito en lo que le queda de legislatura.

Las tasas judiciales, recurridas ante el Tribunal Constitucional, la apresurada reforma que hace un año se hizo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -para que solo cinco vocales tuvieran dedicación exclusiva- y el estancamiento de reformas procesales de calado que contribuirían a agilizar la Justicia han desencantado a un ciudadano que en el caso concreto del órgano de gobierno de los jueces ha visto cómo el Ejecutivo del PP incumplía la promesa electoral de que los vocales fueran elegidos por los propios togados. La lentitud de la Justicia, la sobrecarga de los tribunales, que no va acompañada precisamente de más jueces y medios materiales, leyes procesales desfasadas y un mapa judicial arcaico contemplan la radiografía de una Justicia cuya reforma ningún gobierno se ha atrevido a afrontar en serio.