De alejarse temporalmente de las funciones a la dimisión exprés: políticos bajo la sombra de la corrupción
Los cargos públicos imputados por corrupción eligen entre dimitir, continuar en el cargo o, simplemente, mantenerse en la ambigüedad
Corrupción y política no casan bien . O al menos, no deberían hacerlo. Sin embargo, en las últimas semanas han sido muchos los cargos públicos vinculados a uno u otro partido político sobre los que ha caído la sombra de la corrupción. La sucesión de imputaciones en Ayuntamientos, Cámaras regionales e incluso en las Cortes han vuelto a situar a la ya denostada clase política en el punto de mira de la ciudadanía, que observa cómo sus representantes de alejan de ese «comportamiento ejemplar» que se les exige.
Pero, ¿qué hacer tras ser imputado? Las reacciones de aquellos a quienes la Justicia señala con el dedo son cada vez más diversas e incluso pintorescas. Algunos dimiten, otros se aferran a su asiento y otros escogen la ambigüedad.
Hace una semana, el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos —imputado en una presunta trama de corrupción urbanística, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos— anunció que se «traslada unos centímetros» del consistorio . Fue su forma de expresar que se alejaba de la alcaldía de forma temporal, sin especificar durante cuánto tiempo. «Son unos días, unas semanas», indicó, aunque su implicación en la trama por la que está imputado puede tardar meses en esclarecerse.
Todo el PSC se ha visto bajo el foco de la acusación por la presunta trama de corrupción destapada en Sabadell. El líder del PSC, Pere Navarro, aceptó la suspensión de Daniel Fernández como secretario de organización después de que éste pusiera su cargo a disposición tras ser imputado por «tráfico de influencias». También habla el partido de una suspensión temporal.
La Operación Pokémon, que azotó a gran parte del PSOE de Galicia, acabó con la dimisión del alcalde de Orense, Francisco Rodríguez , imputado en una presunta trama de adjudicaciones ilegales. Días antes había sido suspendido de militancia, tras negarse a renunciar al cargo de regidor. Por la misma trama dimitió el concejal del BNG Fernando Varela , imputado por los delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Ayer mismo dimitía el presidente del Parlamento balear , Pere Rotger , tras conocer que el juez Castro había rechazo retirar su imputación en el marco del «caso Over» sobre la presunta financiación irregular del PP balear en los años 2003-2007, cuando Jaume Matas presidía el partido.
Rotger está encausado por la contratación presuntamente irregular de la empresa publicitaria por parte del Ayuntamiento de Inca. Rotger es el segundo presidente de la Cámara balear que dimite a causa de su imputación en un caso de corrupción. María Antonia Munar —expresidenta de Unió Mallorquina (UM), partido que finalmente desapareció— hizo lo propio en 2010.
En la Comunidad Valenciana, el consejero de Hacienda, José Manuel Vela, presentó su dimisión el pasado 30 de noviembre, ante la «presión mediática» que sufrió por la supuesta filtración de un informe judicial al portavoz parlamentario del PP en las Cortes, Rafael Blasco , relacionado con el sumario del «caso Cooperación» que investiga el presunto fraude en las subvenciones concedidas a diferentes ONG. El propio Blasco presentó su dimisión en opctubre, tras ser imputado en la misma trama.
Cumplía así su compromiso con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, quien aseguró que mantendría una política de «tolerancia cero» con los cargos del Partido Popular que resulten imputados en procedimientos judiciales. Porque, según dijo, «hay una línea muy clara, la de la transparencia y la legalidad, y nadie que quiera traspasarla estará en el PP».
La última dimisión —que ha sido aplaudida por la mayor parte de los grupos parlamentarios por su celeridad— ha sido la del diputado por Madrid Santiago Cervera , que fue detenido este lunes por la mañana por un presunto caso de chantaje al presidente de Caja Navarra. Un día más tarde, Cervera ya había renunciado a su escaño.
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