La Junta rechaza el cierre de paradores porque «perjudicaría» al turismo

Lo dejó claro el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, este martes. «Nunca hemos querido ser un Ejecutivo complaciente» con el Gobierno central y que por encima de los «colores políticos» que ahora coordinan en ambos gobiernos la obligación es defender los intereses de la Comunidad. Y un día después lo ha demostrado. El cierre temporal de varios paradores y el nuevo borrador de la norma del ibérico han vuelto a poner Castilla y León frente a La Moncloa.

De nuevo una decisión del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se encuentra con el enérgico y rotundo rechazo de Castilla y León. Tanto el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, como la titular de Cultura y Turismo, Alicia García, mostraron ayer su oposición a la propuesta de Paradores de cerrar siete de sus establecimientos y cierres temporales de cinco meses en otros 27, entre ellos, en principio, seis en la Comunidad. (Gredos, en Ávila; Villafranca del Bierzo, en León; Cervera de Pisuerga, en Palencia; Tordesillas, en Valladolid, y Benavente y Puebla de Sanabria en Zamora).

«No estamos de acuerdo» con esta medida anunciada por el departamento de José Manuel Soria para intentar paliar las pérdidas de Paradores. «No nos gusta nada», subrayó De Santiago-Juárez, quien advirtió de que la temporada baja en la región «no es verano» ya que no es un turismo de sol y estos paradores «en invierno tienen vida». Es más, alertó de que esta medida, «puede perjudicar la dinámica positiva del turismo» en la región, líder en turismo rural y destino el 21% de los viajeros del turismo de interior.

«No se puede permitir», subrayó también la consejera de Cultural, quien consideró inadmisible que se vean afectados especialmente los situados en el ámbito rural. Para mostrar su rechazo y conocer oficialmente los establecimientos afectados -el listado se conoce por la información facilitada por los sindicatos que también negocian el ERE que afectará a 644 empleados, el 14% de toda la plantilla-, Alicia García se reunirá el 14 de diciembre con la directora de la empresa, Ángeles Alarcó, informa Félix Iglesias.

En Castilla y León, según la información facilitada por UGT a Ical, el ERE supondría el despido de 70 trabajadores de los 15 establecimientos, 10,46% de los 669 de la región, y una reducción importante de jornada a 195, los que trabajan en los paradores que sólo abrirán siete meses.

En cuanto al nuevo borrador de la norma del ibérico, De Santiago-Juárez aseguró que a la Junta le parece «francamente mal», por lo que mostró su «descontento» con la nueva propuesta del ministerio que dirige Miguel Arias Cañete ya que «creemos que perjudica seriamente» a la Comunidad. En este sentido, el consejero incidió en que seguirán «defendiendo» al sector -hay un nuevo plazo de quince días para alegar-, con el que se ha consensuado una propuesta. También desde Salamanca, la provincia con mayor peso, tanto PP como PSOE mostraron su desacuerdo con la norma. El secretario regional de los populares y alcalde de la capital charra, Alfonso Fernández Mañueco, criticó que la norma «no satisface» a los profesionales y «genera confusión». El líder de los socialistas, Fernando Pablos, lo tachó como «el mayor ataque que se recuerda a una parte importante de la economía de Salamanca».

Y también aviso al Gobierno en educación. Aunque a Castilla y León le «gusta» el nuevo modelo, reclamó que llegue «adecuadamente financiado», más aún en estos momentos de «tensiones de tesorería».