El Parlament reprueba a Jordi Pujol por ocultar fondos en el extranjero

De este modo, al votar las conclusiones, la reprobación de Pujol fue aprobada por todos los grupos menos el de CiU, que no secundó ninguna propuesta inculpatoria o de exigencia de responsabilidades políticas al expresidente. Aún así, el Parlament reclamó con los votos del resto de los grupos, que «se levante el secreto bancario» sobre las cuentas que Jordi Pujol y su familia «han tenido en el extranjero».

No es la primera vez que el Parlament reprueba a Jordi Pujol: el pasado 17 septiembre, coincidiendo con el debate de política general, ya fue reprobado «por los actos delictivos reconocidos» por el propio expresidente. En esta ocasión, los diputados reclaman a Pujol que dé «explicaciones completas a la ciudadanía y a las autoridades fiscales y judiciales sobre todos los movimientos de estas cuentas para que se pueda determinar el ajuste a la legalidad», tal y como recoge un de los puntos del dictamen aprobados.

Con todo, los votos en contra de CiU y ERC sirvieron para rechazar la aprobación de un punto que sostiene que de la comparecencia del expresidente de la Generalitat, Artur Mas, se desprende que «tenía conocimiento de que su padre tenía dinero sin regularizar en Liechtenstein mientras él ejercía de conseller de la Generalitat».

Además del caso Pujol, las conclusiones aprobadas se extienden a otros ámbitos, y por ejemplo, el Parlament reprobó «la actuación» del departamento de Empresa y Ocupación en el caso ITV en el que está imputado Oriol Pujol, ex dirigente de CDC. Al analizar los motivos de fondo que generan corrupción, el Parlament advierte sobre la «connivencia» y la «confusión» entre lo privado y lo público, las empresas y las instituciones, que da pie a lo que se ha denominado como «capitalismo de amiguetes».

El capítulo de reprobaciones incluyó también al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, «por su falta de colaboración» con la comisión y por «la falta de resultados en la lucha contra la corrupción»; a la líder del PPC, Alícia Sánchez-Camacho por su «actitud de opacidad» en relación al caso Camarga, y al excalde de Sabadell, Manuel Bustos, por una manera de gobernar que «favorece el abuso de poder».