El Consell medita aprobar el viernes las tasas judiciales

El pleno del Consell de mañana planteará nuevas medidas de ajuste que, si bien no repercutirán de manera general al bolsillo ciudadano, tendrán una afectación sectorial que permitirá al Ejecutivo que preside Alberto Fabra incrementar los ingresos y poner la proa hacia el cumplimiento del objetivo de déficit del 1,5% impuesto por el Gobierno.

El esfuerzo por presentar un plan de reequilibrio —cuyo plazo expira el próximo lunes— creíble a ojos del Gobierno pasa por demostrar solvencia y sin ingresos suficientes es imposible. Por ello, el ejecutivo autonómico meditaimplantar «tasas específicas que no afectarán a la prestación de servicios básicos».

Una de las decisiones que se pueden adoptar, aunque se encuentra en pleno debate, es la aprobación de las tasas judiciales. Si finalmente se implantan, se abonará una cantidad de dinero para poner una demanda en primera instancia o para recurrir una sentencia en segunda instancia. La jurisdicción penal queda exenta y no se gravarán los asuntos de familia, es decir, todas aquellas causas de divorcios, menores o filiación.

También está previsto validar las tasas ambientales (ya incluidas en el decreto de enero) relacionadas con la producción de energía eléctrica donde la central nuclear de Cofrentes será la gran afectada.

Sobre la mesa del Consell también está la posibilidad de recuperar el impuesto de Patrimonio que permitiría recaudar unos 90 millones de euros, aunque hasta ayer no se había decidido. Es un impuesto que está en el centro del debate político de la oposición, lo que puede condicionar la decisión. Sí parece que se reducirán las bonificaciones aplicadas al impuesto de Sucesiones y Donaciones.

En cuanto a las medidas de ajuste en el ámbito sanitario el conseller del ramo, Luis Rosado, ha cifrdo el ahorro en la Comunidad en unos 500 millones de euros gracias al control sobre el turismo sanitario o la central de compras nacional, entre otras cuestiones. Rosado entiende que «no se puede permitir» que el Estado financie el sistema sanitario a los que puedan pagar sus servicios «de forma opcional».