La Comunidad logra la máxima nota en la aplicación de la Ley de Dependencia
Los profesionales valoran con un diez a Castilla y León, que mejora de nuevo sus resultados
Castilla y León es una alumna de «matrícula de honor» en la atención a la dependencia. Así lo determina el VII Dictamen del Observatorio de la Dependencia elaborado por la Asociación Nacional de Directores y Gerentes de Servicios Sociales y que ayer fue presentado en Madrid. En concreto, los expertos otorgan a la Comunidad Autónoma un diez, una puntuación que sólo alcanza también el País Vasco y de la que la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades responsabilizó al «esfuerzo de los últimos cuatro años». Para Milagros Marcos, esta excelente valoración «es un éxito compartido por todos los profesionales de los servicios sociales», y destacó el trabajo desarrollado al respecto por las corporaciones locales y las entidades del Tercer Sector —ONG y todo tipo de asociaciones que trabajan en la atención a la dependencia—.
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En comparación con el dictamen anterior, correspondiente al pasado mes de junio, la puntuación de Castilla y León ha aumentado en cinco décimas, dejando atrás a otras comunidades como La Rioja y Castilla La Mancha, con 9 y 8,5 puntos respectivamente. Además, aunque comparte baremo con el País Vasco, le supera en aspectos como el modelo de seguimiento, así como la innovación y las buenas prácticas en la aplicación de los servicios. De hecho, si se contabilizan los doce aspectos evaluados, la Comunidad sumaría 11,5 puntos frente a los diez del País Vasco.
Esfuerzo coordinado
Desde el primer dictamen, en diciembre de 2008, la puntuación de Castilla y León ha ido subiendo año tras año, al contrario de autonomías como Asturias o la Comunidad Valenciana. Un hecho que la consejera atribuye a varios motivos. El primero de todos ellos es «el esfuerzo coordinado» de los profesionales de los servicios sociales. Además, añadió, «es un modelo comprometido, consensuado y coordinado con todas las entidades del Tercer Sector tanto de los mayores como de las personas con discapacidad». Argumentos a los que sumó el «absoluto consenso» alcanzado en el marco del Diálogo Social para su implantación, así como la «decidida apuestaR» de la Junta de Castilla y León que, en opinión de Marcos, «ha realizado un esfuerzo muy importante». «Esta puntuación es una muestra de la apuesta decidida del Gobierno del PP por atender a las personas que lo necesitan», insistió la consejera, para quien este documento adquiere aún más importancia porque a parte de su independencia, aborda todos los aspectos: solicitudes, prestaciones, relación entre las prestaciones económicas y los servicios, etc. Al respecto sorprende los casos de Andalucía, que tras venir ocupando los primeros puestos de la lista cae a una discreta puntuación de 7, o de Asturias, que después de rozar el notable ahora suspende en la aplicación de esta escala (sólo tres puntos).
Otra de las variables que analiza el observatorio es el porcentaje de beneficiarios sobre el total de la población, donde Castilla y León ocupa un tercer puesto —al representar los dependientes un 2,35%—, sólo por detrás de Cantabria (2,57). Porcentaje que explica el elevadísimo número de solicitudes presentadas a fecha 1 de diciembre, en total 92.951.
No obstante, pese a que la tasa de beneficiarios está muy por encima de la media nacional (1,6), en la Comunidad hay muy pocos dependientes que, teniendo reconocida su situación, estén a la espera de su prestación. El informe señala que sólo el 7,5 por ciento de las personas con el derecho reconocido aún no tienen aprobada la prestación —siendo la tasa más baja de España, muy por debajo de la media (29,6)—. «Castilla y León está en lo que se puede denominar plena atención porque prácticamente no hay más personas esperando que las que acaban de presentar la solicitud», defendió Marcos. Lo que en datos absolutos se traduce en que de las 64.964 personas dependientes con derecho a prestación, 60.090 tienen identificadas y reconocidas 73.446 prestaciones —una persona puede tener acceso a varias prestaciones—, según los datos facilitados por la Junta.
En cuanto al tipo de apoyo, en Castilla y León el 41,3 por ciento de las prestaciones están dirigidas a ayudas económicas para cuidadores. En este aspecto sólo presenta un porcentaje inferior Madrid (23,6), mientras que la media española se sitúa en el 64,5.
El Observatorio ha analizado también de forma detallada el sistema. El informe pone de manifiesto el desequilibrio entre lo que aporta de manera efectiva la Administración General del Estado (un 31,24 por ciento) y las Comunidades Autónomas (un 58,47 por ciento de media) —el resto lo ponen los usuarios—, cuando la normativa estatal fija un reparto del 50 por ciento. Una brecha que se ha ido incrementando desde que se aprobara la norma y que. según la consejera Milagros Marcos, hace el modelo «insostenible». Así, según el informe de la Asociación de los profesionales, en Castilla y León el Estado pone 52,78 euros por habitante al año, mientras que la prestación de la Comunidad se eleva a 116,11 euros. Así, si se contabiliza el esfuerzo económico del total de las administraciones, Castilla y León es la cuarta comunidad que mayor cuantía dedica a este fin. En concreto, el documento lo cifra en 168,89 euros por habitante al año, muy por encima de la media nacional, que se sitúa en 124,38. En este apartado la autonomía se sitúa por debajo de otras como La Rioja (222,14 euros); Cantabria (209,68) y País Vasco (174,79), mientras que a la cola se sitúan regiones como Canarias (43,02); Ceuta y Melilla (74,06); Baleares (76,49), o Valencia (82,20 euros).
Ley de Servicios Sociales
Otro aspecto en el que hace hincapié el informe es el referido a la integración efectiva de la atención a la dependencia en la red local de servicios sociales, donde Castilla y León cuenta con una buena valoración, al igual que ocurre en el apartado de las nuevas leyes de servicios sociales, donde aparece la Comunidad Autónoma como una de las once que tiene aprobada la correspondiente norma. «En Castilla y León no hablamos de dependencia sino de nuestra propia Ley de Servicios Sociales, que va más allá de la propia Ley de Dependencia para atender a todo el que lo necesite», subrayó la consejera, para quien «esa es la gran virtud de nuestro modelo. Lo que ha hecho la Comunidad Autónoma es extender ese modelo de derechos que contempla la Ley de Dependencia a todos los servicios sociales».
Uno de los problemas que el año pasado denunciaba el informe es el sobredimensionamiento de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y cuidadores no profesionales, que según los datos más recientes en Castilla y León ocupa un 33,82 por ciento del total de las prestaciones, otra vez muy por debajo de la media nacional.
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