PSOE, PP y UPN aprueban la reforma de la Constitución sin otros apoyos

Durante media hora, el salón de Plenos del Congreso fue ayer el escenario, con público incluido, de los esfuerzos contrarreloj por parte del PSOE y del PP para lograr un mínimo acercamiento de los 10 diputados de CiU a la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución, que fija un techo de gasto para las administraciones públicas. Los corrillos en mitad del hemiciclo, las idas y venidas de los portavoces, las carreras de última hora y el reparto urgente de papeles entre los portavoces no sirvieron para nada, ya que un solo diputado, Gaspar Llamazares, vetó las dos enmiendas transaccionales que ofrecieron PSOE y PP a CiU, y que suponían un guiño a la autonomía financiera de las comunidades. Al final, los grupos mayoritarios rechazaron las 18 enmiendas de los minoritarios, y aprobaron, con UPN, la reforma de la Constitución, en una votación que rozó el esperpento.

El debate de la reforma, apenas 10 días después de que el presidente Zapatero lo planteara en el Pleno, fue un desfile de portavoces hipercríticos contra «el grupo PP-PSOE», como lo llamó Rosa Díez, por no haber consensuado la modificación con el resto de los partidos y por «romper el pacto constitucional de 1978». La tribuna fue un revoltijo de agravios: el PNV exigía el derecho de autodeterminación, IU-ICV se desgañitaba pidiendo un referéndum, UPyD arremetía contra el bipartidismo y ERC anunciaba un nuevo «desgarro» entre Cataluña y el conjunto de España. CiU admitió que estaba de acuerdo con el fondo de la reforma, pero no ha soportado que le dejaran fuera del pacto.

Mucho ruido que no se correspondía con la proporción real de la Cámara, ya que el PSOE y el PP tienen el 92 por ciento de los escaños (321 diputados de 350). La portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló que hace un año, cuando Rajoy lo propuso por primera vez, la reforma era «conveniente», pero ahora es «imprescindible». Por el Grupo Socialista, José Antonio Alonso sostuvo que «no es cierto que la estabilidad presupuestaria conlleve recortes sociales en el futuro, para nada».

Tras el debate, el presidente del Congreso suspendió la sesión durante cinco minutos, que al final fueron más de treinta. Las carreras del PSOE y del PP en mitad del salón de plenos llamaron la atención a Zapatero, que se interesó por la situación. Varios diputados del PP y del PSOE explicaron al jefe del Ejecutivo sus intentos por ofrecer a CiU un par de enmiendas transaccionales que permitieran un acuerdo, aunque fuera parcial, con los nacionalistas catalanes. Al mismo tiempo, la vicepresidenta Salgado quiso hablar con Rajoy sobre el resultado del acuerdo de Estado.

Cuando comenzó la votación, abandonaron sus escaños los diputados de ERC, ICV, BNG y Na-Bai. Gaspar Llamazares (IU) permaneció en su sitio con el único objetivo de vetar las dos enmiendas que ofrecieron PSOE y PP a CiU, algo que puede hacer un grupo cuando se trata de modificaciones de última hora. Tras el veto, Llamazares se marchó. Los diputados de CiU y PNV se quedaron en sus escaños, pero no participaron en la votación como protesta por el pacto de los dos grandes. Al final, la reforma salió adelante, por 316 votos a favor y cinco en contra, entre ellos el diputado socialista Antonio Gutiérrez. Otros tres socialistas (Manuel de la Rocha, José Antonio Pérez Tapias y Juan Antonio Barrio) se ausentaron para mostrar su disconformidad.