Un listón alto que no supera el PSOE

Después de la dimisión de Camps, tras ser imputado por el caso de los trajes supuestamente regalados por miembros de la «trama Gürtel», el PSOE se ha quedado sin argumentos para no actuar en los casos de corrupción que le salpican. Ya no hay justificación para el «tú más» y ahora tendrá que practicar la máxima del «yo también», y asumir sus responsabilidades políticas. Camps, al presentar su dimisión, ha elevado el listón de la ética política, que ahora tendrá que aplicarse el PSOE si quiere desprenderse de la losa de corrupción en la que se encuentra atrapado.

El mayor foco de corrupción que afecta al PSOE se encuentra en Andalucía, donde siempre ha gobernado. Pero el mayor de los escándalos es el que afecta al candidato socialista Rubalcaba, por el «chivatazo» policial a ETA en el bar Faisán, impidiendo la desarticulación de la cúpula de la banda. Al margen de estas dos causas, hay otras muchas que pueden comprometer su futuro. Estas son algunas de la asignaturas pendientes del PSOE:

Caso Faisán .- El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha procesado a tres mandos policiales imputados en el «caso Faisán» por colaboración con banda armada. Se trata de José María Ballesteros, inspector de Policía de Vitoria; Enrique Pamies, ex jefe superior de la Policía en el País Vasco, y el ex director de la Policía, Víctor García Hidalgo. Todos ellos subordinados de Rubalcaba cuando éste estaba al frente de Interior. A los tres les imputan los delitos de colaboración con banda armada.

Caso Astapa.- La corrupción en el Ayuntamiento de Estepona ha llevado a la cárcel al ex alcalde socialista Antonio Barrientos; a su jefe de gabinete, José Flores y a los concejales José Ignacio Crespo y Manuel Reina. El juez Conejo les acusa de liderar una presunta estructura de corrupción municipal que obtenía fondos para financiar actividades públicas y privadas de los partidos políticos.

Caso ERE.- Las irregularidades en la concesión de ayudas para financiar los ERE ha derivado en una trama fraudulenta de prejubilaciones en la que se han detectado intrusos, muchos de ellos ex cargos socialistas y familiares, que obtuvieron jugosas polizas. Están imputados el ex director de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero; el consejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández; y el ex delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, informa Mercedes Benítez .

Caso Matsa.- El Gobierno andaluz, que presidía entonces Manuel Chaves, concedió una subvención de diez millones a la empresa Matsa, en la que trabajaba la hija de Chaves, Paula. El TSJA ha estimado un recurso del PP y tilda de «arbitrario» el acuerdo del Consejo de Gobierno.

Caso Bono.- Ha reconocido 12 propiedades inmobiliarias y una hípica en Toledo, escrituradas en 5,5 millones, según la documentación remitida a la Fiscalía General del Estado. Pero no ha aclarado la inversión total en la hípica. En 2008 declaró ingresos por 1,2 millones de euros.

Caso Caja Castilla-La Mancha .- El Banco de España intervino Caja Castilla-La Mancha e inyectó 7.100 millones para su rescate. El presidente de la entidad, el socialista Juan Pedro Hernández, y otros directivos están acusados de presuntos delitos de falsedad contable y documental.