Un programa solvente

Una y otra vez se señala que Mariano Rajoy no ha planteado ningún programa económico para poder escapar con bastante seguridad de la crisis económica. Este ambiente incluso ha contagiado a Jordi Sevilla, que prácticamente sostiene lo mismo en «El Mundo», en el artículo «¿Tiene Rajoy política económica?».

Sin embargo, ese programa existe. Fue hecho público, tiene fecha de exposición y se ha editado. Fue hecho público hace ahora exactamente un año, el 25 de junio de 2010, en un discurso de Rajoy en Nueva Economía Forum, y está editado por la Oficina de Información. PP, Madrid, 2010, 13 págs.

¿Y qué programa se plantea en él? Los entrecomillados son expresiones de Rajoy. En primer lugar separa las medidas urgentes, pero sin perder de vista que es preciso comenzar a actuar igualmente en la puesta en marcha de otras para no comprometer el desarrollo futuro. Desde luego lo urgente es plantearnos los problemas financieros, «sin cuya solución difícilmente podemos mantenernos», pero esto ha de ir acompañado, de inmediato, de otro plan para superar «los bajos niveles de competitividad en un marco de globalización acelerada».

En cuanto a lo primero, se inicia con la urgencia «de reducir de manera drástica nuestro déficit del sector público», lo que exige «no sólo una reestructuración del conjunto del gasto público, sino también una reforma profunda de nuestras Administraciones y de sus competencias… No podemos mantener tres, y hasta cuatro Administraciones actuando y gastando sobre un mismo asunto». De ahí la lógica actuación que inicia María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, que ha sido seguida por todo el conjunto de las nuevas administraciones autonómicas y locales del PP.

La segunda medida urgente es «la reestructuración del sistema financiero», con una adecuada valoración de los activos de las entidades. Añádase la alta probabilidad de que «los requisitos que Basilea III impondrá previsiblemente» va a obligar «a las instituciones financieras a disponer de más capital y de más calidad». Todo ello ha de ir acompañado de un cambio radical en las cajas de ahorros, entre otras cosas haciendo «incompatible la condición de cargos políticos con la de miembro de algún órgano de gobierno de las cajas».

Respecto a la solución del problema estructural, o sea, «la débil competitividad de la economía española», al estar «anclados —para bien— en el euro», es preciso comenzar a resolver siete cuestiones «inaplazables». La primera reformar el sistema educativo, para que eduque en valores como el trabajo, la disciplina, el esfuerzo, la búsqueda y el reconocimiento de la excelencia, y en el que «el castellano sea lengua vehicular de la enseñanza en toda España», y que «amplíe fundamentalmente la libertad de elección de los padres», vinculado todo con «un plan de formación profesional con intensa participación de las empresas». La segunda, una reforma fiscal, basada en «una rebaja selectiva de impuestos» para apoyar «la inversión empresarial, el ahorro y el empleo». La tercera, una reforma del mercado de trabajo con esta piedra angular: «Si hace treinta años tenía sentido el que la negociación colectiva se produjera sobre todo a un nivel superior al de la empresa, hoy esa premisa ya no es aplicable… Hoy tiene más sentido una negociación entre empresarios y trabajadores dentro de la empresa», más «una regulación clara, sencilla y aplicable de la extinción de los contratos». La cuarta es la modernización del «marco institucional en el que se mueve la actividad empresarial». La quinta es asumir que «el coste de la energía es otro elemento esencial de la competitividad», y ello obliga a definir un «mix» energético «utilizando de la forma más eficiente todas las fuentes de energía, desde la nuclear a las renovables», a más de aumentar la competencia, «profundizar en las políticas de ahorro y eficiencia energética e incorporar entre los objetivos de nuestra política externa nuestros intereses energéticos». La sexta es el «fortalecimiento de la unidad de mercado». La séptima, una reforma de las Administraciones Públicas.

A estos nueve —dos más siete— ejes de la política económica agrega otro: la necesidad de que «para que esto tenga continuidad en el tiempo lo mejor sería que el proceso de reformas tuviera, tras un diagnóstico común, el respaldo, cuando menos, de las dos grandes fuerzas políticas españolas».

Como estudioso de la economía española, lamento el retraso ya de un año que lleva la puesta en acción de