El PSOE propone subir al 21% el IVA a los pisos turísticos y crear un impuesto estatal para la compra de casas de extracomunitarios

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Antonio Ramírez Cerezo

El principal partido del Gobierno trata de impulsar así una de las mayores intervenciones del mercado residencial durante la era Sánchez. Dentro de la amalgama de medidas rubricadas en la reunión que han mantenido este jueves la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el portavoz socialista, Patxi López, (además de otros socialistas y miembros del Ministerio de Vivienda) se incluyen también herramientas para «asegurar la permanencia del parque público de vivienda» como son la regulación de la transmisión a la nueva empresa estatal de vivienda que parte de Sepes de suelos y Patrimonio del Estado para destinarlos a vivienda asequible y la modificación de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas «para limitar permanente del precio de venta de las viviendas bajo la titularidad de Sepes, para proteger así la asequibilidad de las mismas».

En la lista de intervenciones se suman hasta 10 medidas. Algunas forman parte de las 12 que Sánchez adelantó en el mes de enero, tan solo un día después de que los barones del PP y Feijóo acordasen una ley de Vivienda paralela para aplicar en las comunidades autónomas, la mayoría gobernadas ahora por los populares. Así las cosas, la propuesta de ley presentada este jueves contempla medidas «para fomentar la bajada de precios en los alquileres y frenar la especulación como pueden ser la ya citada modificación de la tributación de las Sociedades Cotizadas de Inversión (Socimi), que pasarán de tributar el 15% al 25% (no afectará a socimis que no se dediquen al alquiler residencial), «salvo que se trate de viviendas destinadas al alquiler a precio asequible»; el aumento de tributación por vivienda vacía, «para incentivar su salida al mercado del alquiler; y la extensión de bonificaciones en el IRPF incluidas en la ley de Vivienda hacia zonas que no hayan sido declaradas tensionadas.

También en el apartado fiscal, el PSOE quiere obtener apoyos para ampliar a 2025 las deducciones fiscales por obras de rehabilitación energética; para modificar la Ley de Contratos del Sector Público con el fin de impulsar la colaboración público-privada en la construcción de vivienda; y para actualizar las tablas del Incremento de Valores de los Terrenos de Naturaleza Urbana, el conocido como impuesto de plusvalías.

Para los socialistas, la propuesta lanzada hoy se basa en tres ejes: la construcción de más vivienda para dar respuesta al «déficit habitacional» que el Banco de España situó esta semana en su informe anual entre 400.000 y 450.000 viviendas; mejorar la regulación «para que el mercado salvaje no devore las economías familiares»; y para incrementar las ayudas «para los colectivos con más dificultades para el acceso a un techo».

El PSOE apuesta así por más intervenciones pese al rechazo del sector inmobiliario residencial, que ya advirtió en enero que las medidas propuestas por Sánchez no harían más que recrudecer la crisis de oferta en compra y alquiler que se vive en las principales capitales del país. Una de las que más rechazo despierta es la de subir los impuestos a la compra por parte de extracomunitarios, de la que se nutre sobre todo el litoral español, y de la que creen que tendría un efecto casi nulo para la generación de oferta porque normalmente son nacionalidades que se enfocan en el lujo y tienen un peso irrisorio sobre el total de operaciones, apenas un 2%. El anuncio también levantó revuelo fuera de nuestras fronteras, sobre todo en Reino Unido, que es el país que más adquisiciones de casas hace en España.

Sánchez había planteado en un primer momento gravar sus compras hasta doblar la carga fiscal, pero existían serias dudas porque el Impuesto de Transmisión de Patrimonio (ITP) recae en las comunidades autónomas, y estas en su mayoría están gobernadas por el PP. Por lo que finalmente se ha optado por crear un 'Impuesto Complementario Estatal sobre la Transmisión de Bienes Inmuebles a no Residentes en la Unión Europea' que gravará las transmisiones patrimoniales onerosas de bienes inmuebles en toda España, salvo en País Vasco y Navarra por tener régimen foral.

Tan solo se estará exento de hacer frente a esta doble carga cuando los transmitentes sean empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad económica y, en cualquier caso, «cuando constituyan entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)».

El otro gran frente para el principal partido del Ejecutivo está en la subida de impuestos a la vivienda turística, contra la que el Gobierno apunta como unas de las principales culpables de que no se genere oferta en el mercado del alquiler tradicional. El PSOE defiende que los alquileres de corta duración «por su naturaleza» paguen el 21% de IVA, «como ya sucede con otras actividades económicas».

El PSOE defiende que sería una forma de adelantarse a la directiva europea que entrará en vigor el 1 de julio de 2028 por la cual los estados miembros pueden gravar los arrendamientos de viviendas de corta duración, en aquellas zonas donde este tipo de alojamiento dificulta el acceso a la vivienda o promueve la saturación turística del territorio y que implicará a las plataformas digitales que facilitan estos arrendamientos para que se ocupen de la repercusión e ingreso del IVA. «Lo que determinaría que el proveedor subyacente no tendría derecho a la deducción del IVA», explican los socialistas en la proposición de ley presentada.