El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha procesado a veinte militares salvadoreños por los asesinatos del jesuita español Ignacio Ellacuría y otras siete personas, cinco de ellas sacerdotes, el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador.
En el auto dictado ayer, el instructor procesa, entre otros, al ex ministro de Defensa Nacional Rafael Humberto Larios, por ocho delitos de lesa humanidad, y ordena la busca y captura internacional de éste y los otros 19 implicados así como su ingreso en prisión provisional. Además, les impone una fianza de 3,2 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del proceso. Junto con Larios, figuran entre los procesados el entonces jefe del Estado Mayor René Emilio Ponce y los viceministros de Defensa Nacional (Juan Orlando Zepeda) y de Seguridad Pública (Inocente Orlando Montano).
Importaban sus cerebros
Velasco alude a la «polarización» (a finales de los 80) en El Salvador entre la extrema derecha y la guerrilla salvadoreña, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Los jesuitas «habían asumido el liderazgo de presionar para que las negociaciones se llevaran a cabo». En ese contexto, un grupo de oficiales de élite decidió asesinar a los religiosos, no sin antes dar la «orden directa» al batallón para que «simularan una confrontación militar» para que pareciera que habían sido asesinados por el FMLN.
El juez relata cómo los jesuitas salieron en pijama «alertados por el ruido» y se tiraron al suelo por orden del sargento Ávalos, que en su «confesión» recordó que «no parecían peligrosos» y que «tuvo que recordarse a sí mismo que «lo que importaba eran sus cerebros».
En su auto. Velasco especifica que los jesuitas asesinados sólo fueron «unos de los al menos 75.000 civiles desarmados que murieron en esta guerra, que fue mucho más violenta que los conflictos de Chile y Argentina». El 85 por ciento de esas muertes, dice, «pueden atribuirse al Ejército y a las fuerzas de seguridad». A pesar de ello, «ningún oficial veterano ha sido nunca condenado por violaciones de derechos humanos».
