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Una nueva ley amenaza con acelerar la deforestación en la Amazonia brasileña

El proyecto aprobado, al que se oponen los ecologistas y la presidenta Dilma Rousseff, propone extender las tierras cultivables del país

Día 26/05/2011

Los miembros de la Cámara de Diputados brasileña ignoraron las presiones de los ecologistas y pasaron como un tractor sobre la opinión pública, al aprobar un polémico Código Forestal que avala la extensión de las áreas agropecuarias del país y favorece la tala de árboles. El Código es visto por los ecologistas como la génesis de un gigantesco desastre ambiental, y significa además la primera derrota de la presidenta Dilma Rousseff, que asumió su cargo en enero.

La aprobación ha irritado profundamente a la presidenta, contraria a varios puntos del proyecto, que promete vetar el Código apenas llegue a sus manos. Rousseff tiene el poder de vetar el proyecto por completo o en partes, pero antes de eso debe esperar su discusión en el Senado, que también puede modificarlo. Esta nueva norma serviría para actualizar la ley vigente desde 1965.

Su aprobación en la Cámara por 410 votos contra 63 ha mostrado en cualquier caso la fuerza de los hacendados, ganaderos y también el poder de la industria agrícola brasileña, que son los principales interesados en el aumento de tierras para esos fines. El sector agropecuario es el principal negocio de Brasil, responsable del 34 por ciento de su PIB y generador de 66.000 de dólares en exportaciones el año pasado, datos que dan una idea de la presión financiera que puede ejercer sobre el Congreso.

Según los ecologistas, el código aprobado puede reducir áreas de la Amazonia del 80 al 50 por ciento, y limitar también las áreas protegidas al borde de los ríos de los actuales treinta metros a apenas quince. Hay que tener en cuenta que, de los 8,5 millones de kilómetros cuadrados que tiene Brasil, 5,3 millones corresponden a selvas y bosques, pero apenas 1,7 millones están bajo protección del Estado. El resto está siendo tomado por la industria agropecuaria.

El «lobby» agropecuario ha sido tan eficiente que ha convencido incluso al líder del Partido Comunista, Aldo Rebelo, relator del proyecto, que ha defendido su aprobación con uñas y dientes. Pero el dinero y la dedicación en el empeño no han sido suficiente para convencer a la opinión pública, que ha expresado su rechazo al proyecto aprobado y que viene manifestándose hace meses en actos públicos, firmando listas y por medios como Facebook y Twitter. Esa fuerte presión de la sociedad puede pesar en el debate en el Senado.

«Legalizar lo ilegal»

El proyecto aprobado prevé amnistía para los «deforestadores», así como la exoneración de las multas y de las sanciones impuestas por acabar con la vegetación. «La gente cree que puede deforestar ilegalmente porque tarde o temprano todo será perdonado», dijo ayer Philip Fearnside, del Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia. «Sería ilegalizar lo ilegal». Asimismo, el proyecto transfiere del gobierno federal a los estados las licencias para trabajos en las llamadas «áreas de conservación permanente» y elimina la obligación de los agricultores de reponer los árboles talados en esas zonas vigiladas.

La ministra del Medio Ambiente, Izabella Teixeira, y el líder del Gobierno en la Cámara de Diputados, Cándido Vacarezza, manifestaron la disposición de Rousseff de vetar todo lo que vaya contra la propuesta original —como la amnistía a los deforestadores—, cualquier punto que no proteja el medio ambiente o que le quite al gobierno el poder sobre las áreas de preservación permanente.

Ex ministros contra la ley

Diez ex ministros del Medio Ambiente desde 1973, entre ellos Marina Silva, la más reconocida internacionalmente, se han unido contra la reforma. En una carta llevada al Congreso antes de la votación los ministros trataron de impedir lo que llamaron de «desastre anunciado».

En los años 1960 y 1970, el entonces gobierno militar de Brasil alentó a la población a establecerse en el Amazonas como una manera de potenciar el desarrollo económico. De hecho, en muchas de esas nuevas tierras ganadas a la selva se cultivan ahora maíz y cereales para producir biocombustibles, lo que ha implicado la contradicción de sacrificar árboles para reducir contaminación y disminuir la dependencia del petróleo. Los agricultores, en cambio, respaldan el proyecto bajo el argumento de que ninguno de los países competidores de Brasil obliga a sus productores a conservar los bosques.

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