La ley de Muerte Digna no permitirá la objeción de conciencia médica

El Consejo de Ministros aprobará hoy previsiblemente la Ley de Muerte Digna, la normativa nacional que regulará los derechos de los pacientes y los deberes del personal sanitario en el cuidado de los últimos días de vida del paciente.

Lo hace con dos meses de retraso sobre los plazos previstos y después de que dos comunidades socialistas, Andalucía y Aragón hayan aprobado su propia normativa. El texto que la ministra de Sanidad y Política Social, Leire Pajín, presentará en Moncloa no incluye referencia alguna a la eutanasia o suicidio asistido, una cuestión pendiente que el PSOE incluyó en su programa de 2004 y que finalmente ha abandonado. No abre la puerta a la utilización de métodos que provoquen la muerte, aunque sí prevé la sedación paliativa en situaciones terminales. Pajín subrayó que «los cuidados paliativos no son un privilegio sino un derecho» y que el Gobierno tiene la «obligación ética» de elaborar esta normativa.

El espíritu de la ley es similar al que ha inspirado a Andalucía y Aragón y puede enfrentarse a las mismas críticas , como el hecho de que no reconoce el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. También permitirá a los menores de edad (a partir de 16 años y con consentimiento paterno) a decidir cómo quieren que sean sus cuidados al final de su vida.

Ya sean centros sanitarios públicos o privados, cada ciudadano tendrá derecho a recibir un consentimiento informado en el que se le informe sobre su pronóstico, así como de los tratamientos e intervenciones que puede recibir. En función de su voluntad (si tiene plenas facultades mentales) podrá autorizarlos o rechazarlos. Los profesionales sanitarios deberán respetar la voluntad del enfermo, aunque no coincida con su opinión. Los casos más complicados serán valorados por comités de ética. Los médicos también deberán evitar el encarnizamiento terapéutico.

Otro de los derechos que se recogen es el de recibir tratamiento para el dolor, incluyendo la sedación y cuidados paliativos. Lo que no prevé la nueva Ley de Muerte Digna son «ayudas económicas exprés» para los familiares de los pacientes, tal y como había solicitado la Organización Médico Colegial. En la mayoría de los casos, las ayudas a la dependencia llegan cuando ya es demasiado tarde para los familiares. Tampoco se han incluido permisos laborales para los familiares durante el tiempo que dura la agonía.

La ministra reiteró el compromiso del Ejecutivo con este proyecto porque, según dijo, el 60 por ciento de los pacientes con cáncer y el 30 por ciento de los enfermos no oncológicos necesitan cuidados paliativos.