Las concesionarias de Tindaya amortizarán inversión en 10 años

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, aseguró ayer que los inversores que obtengan la concesión administrativa de la obra monumental de Tindaya (Fuerteventura) amortizarán su inversión en unos «10 o 12 años».

En este sentido, Berriel declaró, tras la sesión del consejo de gobierno, que se trata de una inversión «atractiva» para las empresas que decidan concurrir para obtener la concesión administrativa, a pesar de que el proyecto de ejecución tiene un coste presupuestado de 75 millones de euros, que, en principio, recuperarían en una década a través de los ingresos que generaría la explotación.

El consejero explicó que el Ejecutivo canario tiene informes técnicos y económicos que avalan la rentabilidad de la obra. Asimismo, señaló que el «umbral de rentabilidad es amplio», porque el Gobierno autonómico puede otorgar concesiones administrativas por un plazo de hasta 40 años. En cuanto a la reunión que mantuvo el presidente Paulino Rivero con la familia de Eduardo Chillida, Berriel dijo que «no se trata de un nuevo impulso al proyecto porque el Ejecutivo nunca ha dejado de trabajar en él». Afirmó además que la familia del artista no ha solicitado en ningún momento compensación económica, sino «solo que se respete la voluntad de Eduardo Chillida».

El consejero añadió que el encuentro sirvió para «culminar el proceso que nos lleve a la adjudicación, en su momento, del concurso» y sintetizar los acuerdos que servirán para crear la fundación y una comisión para establecer los estatutos de la sociedad, establecer el pliego de condiciones y «remover los obstáculos que puedan existir hasta que se saque a información pública el concurso». En esta línea, el Gobierno regional afirma tener garantías jurídicas y técnicas suficientes para solventar las posibles alegaciones o denuncias que obstaculizarían el proceso para sacar adelante el concurso, «pero eso no quiere decir que puedan surgir acciones que intenten boicotear el proceso». Además, Berriel apuntó que se está continuando con el proceso expropiatorio en colaboración con el Cabildo de Fuerteventura.

Berriel aseguró que su gabinete tiene un escrito en el que Necso y Fomento de Construcciones y Contratas —las dos empresas que forman la Unión Temporal de Empresas adjudicataria en su momento del proyecto— se comprometen a no obstaculizar el proceso para sacar el nuevo concurso público.