La Junta prevé subir «de forma sustancial» las multas a quienes no recojan los excrementos de su perro

02/06/2009 a las 02:51h.

EFE

TOLEDO. La Junta de Castilla-La Mancha prevé multas de 100 a 500 euros para los propietarios que no recojan de la vía pública «salvo en zonas autorizadas» los excrementos de sus animales de compañía, según el borrador de la nueva Ley de Protección de los Animales Domésticos.

El director general de Producción Agropecuaria, Francisco Martínez Arroyo, ha afirmado que el nuevo texto incrementará «de forma sustancial» las sanciones económicas, ya que la actual Ley de Bienestar Animal de Castilla-La Mancha data de 1990 y contempla multas que «ya por aquel entonces eran bajas». Por ello, Martínez Arroyo ha subrayado que «era y es necesario modificar la ley, adaptándola a la realidad del siglo XXI» y ha adelantado que también quedará prohibido el tiro al pichón. Según datos de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, en 2008 se cursaron 250 sanciones administrativas, la mayor parte leves, mientras que en 2007 «100 más».

Las multas por infracciones leves pasarían del baremo de 6 a 150 euros que registra la ley actual a los 100 a 500 euros según el borrador de la nueva ley. Las multas graves, que ahora oscilan entre los 150 y los 300 euros, pasarían a ser de 501 a 3.000 euros. Y las multas muy graves, actualmente de 300 a 6.000 euros, pueden pasar a ser de 3.000 a 30.000 euros.

La principal diferencia del nuevo texto con respecto a la ley vigente radica en que «por primera vez, se le van a exigir responsabilidades a los propietarios de los animales y no sólo a quienes maltraten a éstos», según palabras del director general de Producción Agropecuaria.

Se establecerá, por primera vez, la consideración como sanción leve de la negación de asistencia sanitaria por parte de los veterinarios en ejercicio a animales enfermos o heridos (salvo excepciones). También serán por vez primera sanciones leves la no recogida inmediata de los excrementos en vías públicas, el ejercer la actividad de núcleo zoológico sin autorización o la no comunicación a la administración de altas, bajas y cambios de propiedad.

Además, las medidas provisionales que se adopten una vez iniciado el procedimiento sancionador permitirán, entre otras cosas, la retirada preventiva de los animales.