Los obispos animan a decir «explícitamente» en el testamento vital que no se quiere la eutanasia

En una entrevista concedida a la agencia Europa Press, el prelado señaló que los obispos han recibido esta nueva regulación «con tristeza» porque supone traspasar «una línea roja» y «violar una convicción básica de la civilización occidental». Por ello, llamó a los ciudadanos y a los profesionales sanitarios a acogerse a la objeción de conciencia, una posibilidad que, según recordó, «prevé la futura ley».

Desde que el proyecto socialista comenzó su tramitación parlamentaria en el Congreso el pasado mes de febrero, los obispos han presentado varias declaraciones públicas y un extenso documento –titulado «Sembradores de esperanza. Acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida» – para manifestar su rotundo rechazo a que «la ayuda a morir» se convierta en un «nuevo derecho individual». En su lugar, han pedido al Gobierno que priorice el acceso universal a los cuidados paliativos.

«Un Gobierno que se autodefine social es incomprensible que no haya desarrollado antes otras cuestiones como la ley de dependencia, facilitar la conciliación laboral o los cuidados paliativos» , aseguró el portavoz de la CEE. «Nosotros estamos a favor de la buena muerte, pero pensamos que la buena muerte nunca es una muerte provocada, un homicidio, en definitiva», subrayó.

Sobre si consideran la ley suficientemente garantista, el obispo precisó que no se trata de que «sea suficiente o insuficiente» que la persona tenga que pedir hasta en cuatro ocasiones la eutanasia . A su juicio, aunque «se habla de libertad y autonomía», se corre el riesgo de que la persona decida solicitarla por «presión del sistema social, sanitario o familiar». «En un momento de crisis económica y laboral y en una situación de pandemia con la cantidad de muertes que hemos vivido , hay que hacer caer en la cuenta a nuestros conciudadanos y representantes públicos en el Senado de la gravedad de este paso, para revertirlo o hacerlo menos letal», insistió.

El portavoz de los obispos subrayó además que la ‘ley Celaá’ es «una oportunidad perdida». «La escuela concertada siempre ha tenido el deseo de atender y acoger a cuantos más alumnos mejor , por eso es importante una financiación pública y que la escuela sea gratuita, porque la aportación que se hace a la concertada no cubre los gastos. Si se hubiese abordado eso, las posibilidades de acuerdo hubieran sido muy altas», afirmó.