El alquiler ilegal se dispara

España ha ampliado su oferta hotelera en casi 26.000 habitaciones, gracias a Airbnb, una página de internet que permite a particulares ofrecer habitaciones de sus pisos a viajeros que buscan una experiencia más personal y urbana que la que puede ofrecer un hotel, pero sobre todo a precios más bajos. La crisis y el paro han llevado a gente a abrir su casa a extraños para salir adelante . «Me quedé sin trabajo hace un par de meses y con lo que gano alquilando mi habitación voy tirando», explica Pablo Sánchez, que duerme en el sofá de un amigo cada vez que alquila su cuarto en el Passeig del Born gracias a esta página.

Los medios de comunicación han sufrido una transformación radical a raíz de internet. El sector hotelero comienza a luchar su propia batalla. La mayoría de los pisos anunciados en la web no cumplen la normativa exigida para establecimientos de alojamiento y sus propietarios no declaran impuestos. Barcelona es una de los lugares en donde el fenómeno ha crecido más. Hay 8.530 habitaciones disponibles, que se suman a las más de 35.000 registradas en el Gremio de Hoteles de la ciudad. La variedad es impresionante: desde dormitorios para 16 personas, hasta una habitación en una de las torres de la Casa de las Punxes.

El Gremio de Hoteles de Barcelona y la Asociación Catalana de Albergues Turísticos anunciaron recientemente que denunciarán a quienes operan sin licencia. «Queremos jugar todos en las mismas condiciones», explicó a este diario Manel Casals, el secretario de la asociación. Su modus operandi: buscar en internet, verificar que cumplan la normativa y, si no lo hacen, denunciar. «También hemos recibido llamadas de gente cuyos vecinos están sub- alquilando habitaciones o pisos completos sin permiso», agregó.

Sin embargo, no es tan sencillo, pues la página, tanto aquí en España como en Estados Unidos, donde surgió, se aprovecha de que las normativas no están listas para regular esta situación (subalquiler por días de habitaciones). «No se encuentra sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos», explica el abogado Fernando Sanahuja. Aún así, la gente que alquile su habitación, debería «emitir la correspondiente factura y declarar a Hacienda» , enfatiza.

El limbo legal, y el desconocimiento por completo de la regulación, ha permitido el crecimiento exponencial de la página. En un año ha pasado de 100.000 reservas de noches a medio millón, y se espera que el crecimiento para 2013 sea aún mayor. En España, hace un año, apenas había 5.000 habitaciones disponibles. Desde la página se lavan las manos, y aseguran que ellos recomiendan a los usuarios consultar los reglamentos locales y pagar sus impuestos. Ellos verifican el teléfono, la tarjeta de crédito, incluso mandan un fotógrafo a que haga fotos para subir a la red, pero no verifican que sus usuarios sigan las normativas, escudándose en que están presentes en tantas ciudades, más de 30.000, que no pueden estar al tanto de las reglas de cada lugar. De lo que sí están al tanto es de cobrar un 10% del coste total de las reservas y casi 50 euros por el servicio.

Miguel Compeán y su novia alquilan un par de habitaciones en el Born. «Empezamos en septiembre porque no podía encontrar un trabajo», explica. Con las ganancias, entre 1.200 y 1.400 euros al mes, pagan el alquiler, los servicios y han arreglado un poco el piso. Compeán emplea de 10 a 15 horas a la semana para gestionar las reservas, recibir a los inquilinos y limpiar. Este «trabajo» le permite tener tiempo para continuar la tesis de un posgrado que terminó a mediados de este año: «Si tuviera un trabajo normal, no estaría haciendo esto» .

En el proceso de inscripción como anfitriones, ni Compeán ni Sánchez leyeron el apartado de «Sé un anfitrión responsable». Para Compeán, regular su situación, volverse autónomo, implicaría que las ganancias se redujeran casi en un 30%. «Tendría que hacer números. Realmente sería ya emprender un negocio y no sé si me quiero dedicar a esto», confiesa. Para los viajeros, Airbnb es una opción barata y fácil de conseguir alojamiento y de conocer a gente que vive en la ciudad que visitan. «Es una forma de dejar dinero en el barrio y su gente. Si el gobierno le da la razón a los hoteles, le daría la espalda a la gente que no tiene otra vía de salida», analiza Compeán.