Sean Connery alega motivos de «salud y edad» para no acudir a declarar a Marbella

El actor escocés Sean Connery no acudirá este viernes a declarar en el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella (Málaga), dentro del "caso Goldfinger", al haber alegado principalmente motivos de salud y de edad, según explicaron fuentes judiciales. Las fuentes indicaron que el actor ha presentado un escrito, que se hace extensible tanto a él como a su mujer, en el que se alegan motivos de salud, de edad, al argumentar que es una persona mayor, y también alega que no ha tenido tiempo para organizar el viaje. No obstante, en el escrito pide disculpas y se muestra a disposición del juzgado para lo que necesite, según las fuentes, quienes indicaron que una de las posibilidades que contempla el juzgado para tomarle declaración es que se realice a través de una comisión rogatoria.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella (Málaga) ha citado a declarar este viernes como imputados al actor escocés Sean Connery y a su mujer en el denominado "caso Goldfinger" -llamado así en referencia a la película de 1964 protagonizada por el mítico Jamse Bond-, en el que se investiga una operación inmobiliaria y la presunta participación en ella de sociedades que supuestamente estarían vinculadas al matrimonio. Según una providencia, esta citación se realiza después de que la "más alta autoridad del Reino Unido en España" informara al juzgado sobre el interés de Connery "de tomar conocimiento de los hechos que se le imputan tanto a él como a su esposa, así como de tomar conocimiento íntegro de lo actuado" y de que le notificaran las actuaciones. En ese documento se instaba a que junto a las células de citación se remitiera un resumen del objeto de las actuaciones, para "recibirles declaración en calidad de imputados", advirtiendo de que en caso de incomparecencia "podrían utilizarse todos los medios legales previstos tanto en la legislación nacional como internacional para obligarles a ello". Las diligencias en las que se ha citado a Connery y a su mujer tienen su origen en la investigación de varios convenios urbanísticos, después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara en 2006 una querella al analizar el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Consistorio de Marbella.

Así, inicialmente se investigaban los convenios suscritos por el Ayuntamiento de Marbella, con Julián Muñoz como alcalde accidental, con la sociedad Malibú S.A. y con By the Sea, sobre los que se sustenta el complejo denominado Malibú. El Tribunal de Cuentas estimó un perjuicio para el Consistorio por estos convenios de 2,7 millones de euros. Tras los informes emitidos por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), la Agencia Tributaria y la Sección de Blanqueo de la Policía Nacional, la investigación se amplió a varias operaciones en las que supuestamente habría intervenido un despacho de abogados de Marbella, que, según los investigadores, "representa los intereses económicos" del actor escocés y su mujer en Marbella. En este sentido, en un informe de la Agencia Tributaria se señala que este bufete habría representado dichos intereses primero, durante los años 90, con relación al chalé de su propiedad -Malibú S.A.- y "más adelante mediante la prestación de sus servicios a la promotora By the Sea". En esta segunda fase, añade el informe, la participación del matrimonio en dicha sociedad "queda velada por el entramado societario organizado". "Debido a la pantalla interpuesta por el despacho, así como por la composición del accionariado, compuesto por sociedades radicadas en paraísos fiscales, hacen imposible conocer los beneficiarios últimos de la operación", dicen los investigadores, quienes añaden como hipótesis la posibilidad de que el bufete "actúe como verdadero factor de los Connery en el negocio de la promoción objeto de estudio".

La Agencia Tributaria cifró en 53 millones de euros los beneficios de la explotación de la promoción Malibú, con 72 apartamentos de lujo situados en primera línea de playa, en cuyo desarrollo hay "indicios suficientes que hacen pensar en la comisión de diversos ilícitos penales", algunos ya investigados con anterioridad y otros nuevos como cohecho, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, según el informe. Una conclusión de los funcionarios de la AEAT y de la Sección de Blanqueo de la Policía Nacional es que "parte de los beneficios", incluyendo los importes de una posible defraudación que se investiga, "son transferidos al exterior", sobre todo a Reino Unido y Uruguay, siendo el total de "más de 37 millones de euros". Sobre el último país, se dice que está en la "lista gris" de paraísos fiscales.