Valencia aprobará una moratoria de un año para nuevos pisos turísticos y pondrá coto a los megacruceros

Así lo ha anunciado este viernes la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, durante su participación en el encuentro 'Somos +' de Las Provincias. Será el PP quien lleve al pleno de mayo la iniciativa «para evitar la proliferación de este fenómeno que afecta a las grandes ciudades». Saldrá adelante -como mínimo- con los votos de Vox, su socio en el gobierno municipal, a la espera de conocer la postura de la oposición.

La portavoz socialista en el consistorio, Sandra Gómez, ha tildado la medida de «electoralista» y ha pedido sea «retroactiva» para que afecte a los «3.500» pisos ilegales durante el actual mandato.

«Compromís y el PSPV-PSOE hablan todos los días de apartamentos turísticos y no hicieron nada en ocho años» más que «un acuerdo para flexibilizar las normas y que se abrieran en bajos comerciales», ha aseverado Catalá sobre los anteriores gestores municipales. En la misma línea, ha defendido que los cuatro equipos de inspección que se han impulsado ya han realizado 197 inspecciones y han emitido 160 órdenes de cierre en los primeros meses.

A 1 de mayo, Valencia acumulaba alrededor de 5.800 viviendas turísticas dadas de alta en el registro de la Generalitat, un procedimiento para el que solo se tiene que realizar una declaración responsable, por lo que las asociaciones ciudadanas reclaman constantemente que sea obligatorio contar con una licencia municipal para poder tener actividad, como ocurre en otros sectores económicos.

Licencias como tal solo se contabilizaron 1.115 en toda la ciudad al cierre de 2023, de acuerdo con las estadísticas del Ayuntamiento. Sin embargo, según los datos de la fundación Visit Valencia, en abril de este año se anunciaban hasta 10.850 pisos turísticos en plataformas como Airbnb o Booking.

Cifras que «no representan la realidad» porque incluyen «alojamientos en barcos, en autocaravanas o incluso habitaciones compartidas», según la Asociación Valenciana de Viviendas de Alquiler de Corta Estancia (AVAEC).

En un comunicado, su presidente, Enric Sanjaime, acusa a la alcaldesa Catalá de querer beneficiar «los intereses de los hoteles» con esta medida, que considera que debería extenderse a cualquier tipo de actividad turística, «incluso a los proyectos hoteleros que están en marcha y que suponen cambios de uso de edificios completos».

Asimismo, critica que no se cuestione que espacios de uso residencial se estén utilizando para uso terciario, como despachos de abogados o clínicas, y lamenta que la decisión se haya tomado «sin reunirse con el sector».

Por otra parte, María José Catalá ha avanzado su intención de poner coto, a partir de 2026, a la llegada de megacruceros a Valencia, aunque no ha detallado cual será su capacidad máxima de pasajeros.

«Las ciudades flotantes son malas», ha justificado, al tiempo que ha agregado que «los cruceros más reducidos, de otro tipo de perfil y que evidentemente generan una riqueza en la ciudad, se mantendrán».

En materia de movilidad, Catalá ha señalado que estudia peatonalizar la calle Jorge Juan por formar parte, junto al Mercado de Colón, de un «eje comercial importante». También tiene «sobre la mesa» la idea de «mejorar la calle Colón», cambiando «algún carril bici y giro a la izquierda», a la espera de una auditoría.

Respecto a la relación con sus socios de Vox, con quienes ha protagonizado algunos desencuentros, la primera edil ha destacado que «progresa adecuadamente».