El exlíder de UGT-A se escuda en el Gobierno andaluz del PSOE: «Nos felicitaba por la gestión de los cursos»

Están acusados de orquestar un sistema de facturas falsas para financiar de manera irregular al sindicato con las subvenciones que la Junta de Andalucía le concedía para impartir cursos de formación a parados y trabajadores durante los gobiernos del PSOE entre 2009 y 2013. Bajo la lupa, el desvío de 41 millones de euros.

Ambos han insistido en que todo era legal y que era la Administración, en este caso la Junta de Andalucía, la que debía fiscalizar. «No había trampa ni cartón. Todo contaba con el visto bueno de la Junta, que incluso nos felicitaba por cómo estábamos gestionando los cursos. En la gestión del sindicato no había nada raro y todo lo que firmé lo hice confiando en el personal técnico cualificado de la UGT». Así lo ha manifestado ante el tribunal Fernández Sevilla, si bien sólo ha respondido a las preguntas de su abogada pero no al fiscal.

Sólo ha reconocido que la UGT-A incurrió en «algunos desajustes» en la gestión de estas ayudas autonómicas a la hora de conseguir que la Junta de Andalucía «validase el cien por cien» de las justificaciones del dinero público gastado, algo que ha calificó de «normal» dado el volumen de dinero manejado por UGT-A en aquellos años.

Así, sobre el supuesto 'bote' de dinero cosechado por UGT-A para sus gastos gracias al excedente de, supuestamente, imputar a las subvenciones de la Junta para cursos de formación facturas supuestamente infladas por los proveedores previo acuerdo con el sindicato, Fernández ha negado por activa y por pasiva a preguntas de su abogada que hubiera una contabilidad paralela y que de hecho, entregó una copia de la misma en una notaría en un «ejercicio de transparencia» cuando el escándalo saltó a la palestra al adelantarlo ABC.

Y en esa estrategia de defensa, ha afirmado que la Administración, es decir la Junta de Andalucía, gobernada entonces por el PSOE, tenía la obligación de fiscalizar y «tendría algo que decir sobre el asunto porque había dado su visto bueno a las justificaciones presentadas por UGT-A respecto al gasto de las subvenciones autonómicas e incluso nos felicitó. La UGT jamás recibió un pero en la gestión económica de ningún programa».

Ha negado que diera instrucciones a la plantilla sobre cómo justificar las ayudas y echó balones fuera al asegurar que cada miembro de la ejecutiva de la UGT tenía un cometido «y era responsable de sus propios actos».

Ha defendido los descuentos o 'rápel' que las empresas proveedoras hacían al sindicato por determinados «volúmenes» de compra durante periodos concretos, descuentos que no eran comunicados al órgano gestor de la fiscalización de las ayudas autonómicas sobre las que se sustentaban los gastos, o sea la Junta, extremo que ha sido constatado a lo largo del juicio. Según ha abundado, dichos descuentos fueron negociados por el sindicato con sus proveedores y «se hacen en cualquier empresa» cuando se alcanza cierto «volumen» de compras, precisando, eso sí, que aunque él firmó varios de esos acuerdos con las empresas proveedoras, no los negoció ni se reunió con los empresarios porque no formaba parte de sus «competencias» sino del área de Administración.

Respecto a la creación de la empresa Soralpe, que según los investigadores sería una sociedad instrumental de UGT-A para los fines que se investigan, el exsecretario general ha explicado que el objetivo era ayudar al sindicato en determinadas tareas de gestión dado el volumen de negocio que afrontaba por la cantidad de programas subvencionados que tenía en marcha y la ausencia de «músculo» de la Junta a la hora de solucionar determinados trámites.

Ha atribuido al exsecretario general de UGT-A Manuel Pastrana la decisión de que la UGT cediese a Soralpe sus instalaciones y que esta sociedad las alquilase al Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) de UGT, entidad encargada de impartir estos cursos para el sindicato. «En esos tiempos era lo normal y era hasta más transparente. Se hizo para gestionar los locales de una forma más eficaz para el empleo y la formación», ha dicho, para luego agregar que Soralpe no tuvo «ningún problema» con Hacienda.

La Fiscalía Anticorrupción pide siete años de cárcel y 50 millones de euros de multa para cada uno de los cinco excargos de UGT-A procesados en esta causa. Tras la sesión de este lunes, el juicio continúa este martes. Están llamados a declarar la que fuera secretaria de Gestión Económica, María Charpín; laex responsable del departamento de Compras, Dolores Sánchez; y el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea. El juicio se reanudará el próximo 2 de mayo con las declaraciones de los diez empresarios que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

La Fiscalía considera que el sindicato «solicitaba que sus proveedores falseasen las facturas para engañar a la Junta»; creando todo un «sistema» de con el que «institucionalizó el fraude y lo pacto con sus proveedores».