Una agente denuncia a su jefa y la envían a 500 kilómetros de sus hijos, de 4 y 7 años

La agente y madre, con una hoja de servicios impecable, lidia ahora con ese procedimiento judicial más otros dos contenciosos en los que ella es la denunciante (uno contra su calificación y otro contra su cese) sin acabar de digerir cómo ha podido llegar a esa situación. Marta, condecorada con la cruz de plata, entre otras, y especializada en terrorismo en los Servicios Centrales de la Guardia Civil, jamás había recibido un reproche ni de jefes ni de compañeros en sus anteriores destinos, como ha podido confirmar ABC.

La pesadilla empezó al poco de llegar a la Comandancia de Pontevedra, en concreto al Grupo de Información, en mayo de 2018. «Has venido como has venido», le recriminó su superior, la teniente al mando, ahora capitán al frente de ese grupo. La agente se había trasladado en comisión de servicio a ese puesto en el que se iba a producir una vacante inminente. La pidió para estar cerca de su madre que sufría una grave enfermedad y la acompañó su marido, también miembro del Cuerpo, que obtuvo una plaza, y su hijo de año y medio.

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Entre su llegada y septiembre de 2019, los desencuentros entre la teniente Ana y la guardia son una constante. Marta estaba de baja por el embarazo de su segunda hija, pero decidió pedir el alta y acogerse al permiso por gestación que recoge la normativa del Cuerpo a partir de la semana 36, dado que en la unidad había varios miembros de baja. El absentismo por bajas en esa Comandancia ronda el 12 por ciento, frente al 7 por ciento de media en el resto de España. Su jefa le ordenó presentarse en su despacho a la mañana siguiente, amenazándola con expedientarla por abandono del servicio. La razón esgrimida es que no tenía constancia del mismo. El parto de la niña se adelantó.

Durante su permiso de maternidad y lactancia, Marta decide poner tierra de por medio y acompaña a su marido a una comisión de servicio en otra provincia. A la vuelta nada ha mejorado: todo lo contrario y el hostigamiento se acrecienta. En el informe personal de calificación del guardia civil, el llamado IPECGUCI, en el que cada dos años se evalúan las competencias de todos los agentes, su jefa la califica con un 6,6 frente a sus anteriores notas por encima del 9. «¿Cómo pasa alguien de una calificación excelente a una tan negativa con un desempeño similar?», se pregunta la abogada de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Pontevedra Dolores Carpintero, que la representa en los dos contenciosos y en la denuncia interpuesta contra la agente por sus jefes.

Su evaluadora esgrime como argumentos en contra los embarazos y descansos ante las alegaciones de Marta obviando que esos permisos están previstos para cualquier miembro del Cuerpo. El superior directo de ambas ordena repetir la evaluación (de la que se encarga un sargento) y la calificación es entonces de 8,5.

Entre abril y mayo de 2021, la guardia civil, acompañada de nuevo de su familia, se desplaza a Las Palmas en otra comisión de servicio esperando que el alejamiento calme las aguas. Se lesiona la muñeca durante unas prácticas. Pide una prórroga de la comisión que le deniegan, pese a concedérsela al resto de sus compañeros.

Al regresar a Pontevedra, las horas de trabajo de oficina empeoran su lesión, avalada por informes médicos, y la agente está de baja dos meses. El coronel jefe, Simón Venzal, se refiere a esa situación como «la baja que Marta se coge» por no haberle renovado en Las Palmas. Para el mando es una «pataleta». El entorno laboral se convierte en irrespirable, pero lo peor no ha hecho más que empezar. La teniente Ana asciende a capitán y el desprecio hacia su subordinada se acentúa. Vive situaciones surrealistas. Le ordenan que cada vez que se levante de su puesto de trabajo, aunque sea para ir al baño, tiene que comunicárselo al brigada o que no vaya a tomar café con otros compañeros.

En el otoño de 2021, la guardia civil, que tiene labores de oficina en Información, pide una flexibilidad horaria por conciliación familiar para poder entrar una hora más tarde al trabajo y salir una hora después con el fin de llevar a sus hijos al colegio. La respuesta de sus jefes es invitarla a abandonar Información, algo a lo que no está dispuesta.

En enero de 2022, la capitán propone el cese en el destino de su subordinada. Esgrime la baja por la lesión de la muñeca, falta de motivación y empatía con sus compañeros, poca predisposición, insuficiente iniciativa o ausencias largas, entre otros argumentos. Han perdido la confianza en ella. El general de Estado Mayor archiva la propuesta pero la trituradora está en marcha y ya no se va a detener.

En la evaluación de 2022 su nota baja a un 4,72 y ella vuelve a recurrirla. Alegan falta de disciplina y compromiso, escasa calidad del trabajo y de adaptación… todo lo contrario de la tónica habitual en su trayectoria hasta entonces. La sentencia le da la razón el 12 de junio de 2023. Señala que no debería haberla calificado quien ha propuesto su cese y ordena que repitan dicha evaluación dos nuevos calificadores. Al mes siguiente gana otro recurso: el de los descansos no disfrutados, otro derecho legalmente reconocido, que también le habían denegado. Sus jefes adujeron que nadie pedía esos días libres.

Gana pequeñas batallas, pero pierde la principal. En agosto de 2023, la cesan en plenas vacaciones. A esas alturas, la guardia no había cejado en su empeño y había denunciado a la capitán Ana por acoso laboral en el Juzgado Togado Militar. La juez archiva provisionalmente esa denuncia sin abrir juicio oral. Los argumentos de la magistrada le sirven de munición a sus mandos para la propuesta de cese. Señala que es soberbia y que cuestiona a sus jefes, que han perdido la confianza en ella. Ese cese está recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

De forma paralela, la agente descubre que la han dado de alta en una base de datos de terrorismo –una de sus tareas era gestionar esa base de contrainteligencia–, de forma que si la guardia se aloja en un hotel o reserva un billete, salta una alarma. Como una delincuente. La supuesta consulta que hace a esa base en busca de información extra –que ella niega, según consta en las actuaciones– provoca que sus mandos la denuncien en el juzgado Togado Militar. Aún no hay decisión judicial.

Pero Marta ya estaba cesada y, por tanto, quedaba como destinable forzosa, es decir, la podían mandar donde quisiera. Y eso hacen: enviarla a un pueblo perdido de Burgos de 800 habitantes. Su nuevo puesto: seguridad ciudadana. El trabajo concreto no es lo que le preocupa, según su entorno, sino que la hayan separado de sus hijos, de solo cuatro y siete años, en mitad del curso escolar y sin posibilidad de tenerlos con ella. La niña, más pequeña, es la más afectada. La abogada Dolores Carpintero sospecha que persiguen separarla del servicio, es decir, echarla del Cuerpo.

En paralelo, la agente ha recurrido –a través de un bufete privado– a la vía social para buscar amparo respecto al acoso que denuncia haber sufrido. El final de la partida de todos los procedimientos pendientes está aún por escribirse.