Ruz pregunta al fiscal si debe imputar a Bush por Guantánamo

MADRID

Cuando se van a cumplir tres años de la denuncia formulada en la Audiencia Nacionalpor los métodos de Guantánamo, y con el «silencio» de Estados Unidos y del Reino Unido —ante los requerimientos que desde este tribunal se le han hecho— como telón de fondo, el juez Pablo Ruz preguntó ayer a la Fiscalía si debe imputar del ex presidente George Bush como responsable máximo de las presuntas torturas cometidas contra Abdul Latif Al Banna, Omar Deghayes, Hamed Abderrahman Ahmed y Lahcen Ikassrien. Los cuatro están personados en la causa, aunque, como el propio instructor reconoce, sólo los dos últimos tienen algún tipo de relación con España (de hecho, uno de ellos nació en Ceuta).

Es precisamente ese «vínculo de conexión relevante con España» y la ausencia de una investigación en los países aludidos lo que ha permitido al juez Ruz reactivar esta causa, no sin antes reprochar a Estados Unidos y Reino Unido su falta de respuesta a las comisiones rogatorias que durante todo este tiempo ha cursado la Audiencia Nacional. «El silencio o la demora en contestar por parte de las autoridades judiciales competentes no puede en ningún caso conllevar una paralización o eventual sobreseimiento de las actuaciones en dejación de las obligaciones jurisdiccionales que a este órgano judicial le competen», recuerda Ruz.

En el auto en el que reafirma su competencia para investigar los hechos, el instructor pide a la Fiscalía que informe sobre la posible imputación en la causa de, entre otros, el expresidente estadounidense George Bush, del exvicepresidente Dick Chenney o del exsecretario de Defensa y segundo mando del Ejército norteamericano Donald Rumsfeld en su condición de «responsable directo» de la base militar de Guantánamo.

Además, el juez considera que aun en el supuesto de que ninguno de los denunciantes sea considerado «prisionero de guerra» («combatientes enemigos ilícitos», según EE.UU.), esta circunstancia no puede dejarles al margen del «estándar mínimo de protección del que gozan todos los individuos». «El derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es un derecho que no admite suspensión, y por lo tanto, no se pueden invocar circunstancias excepcionales de ningún tipo para justificar la misma», dice.

El malestar de Washington con investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional ha sido notable en casos como los «vuelos de la CIA» o la muerte del cámara José Couso.