Los abogados se frotan las manos

Este nuevo Gobierno catalán nos envía señales muy confusas. Está presidido por un liberal que anuncia la creación de nueve impuestos nuevos; un conservador que coloca a una sindicalista al frente de una Consejería para recortar servicios sociales; un detractor del intervencionismo que se ha comprometido a aprobar una batería de leyes para desespero de una plantilla de funcionarios que tendrá más burocracia y menos sueldo; un defensor del «business friendly» que somete a empresarios y banqueros a la presión fiscal más alta de Europa. ¿«Quo vadis» Artur Mas?

Ojiplático se ha quedado el sector empresarial ante el maridaje entre CiU y ERC, al que atribuyen esos erráticos compromisos. Porque una cosa era pedir el pacto fiscal y otra, hacer seguidismo de la izquierda independentista. Y porque no es lo mismo teorizar sobre el derecho a decidir que ponerlo en práctica señalando fecha para un referéndum sobre la independencia. A ver quién es el guapo inversor que garantiza «seguridad jurídica» en los contratos firmados ante una entidad bancaria a partir de 2014.

Malos tiempos para el empresariado catalán. Y no me refiero a las pymes o a los «botiguers», que pueden arriesgar patriotismo y negocio porque sus clientes suelen circunscribirse al territorio catalán. Hablo de las grandes compañías, las que aportan el 80% del PIB catalán y tienen intereses en el resto del España y en el extranjero. O las que venden servicios a otras comunidades autónomas, porque no sólo de productos manufacturados vive la exportación catalana, un dato que el presidente Artur Mas oculta en sus llamamientos a soltar lastre del mercado español. Como esconde también que muchas empresas importan materias primas del territorio nacional. O que algunas firmas han decidido darse de alta en Madrid o Valencia para participar en concursos públicos, visto que el dinamismo en esas comunidades es muy superior al de Cataluña. Desgraciadamente, algunos empresarios denuncian que su origen catalán, lastrado por las ansias secesionistas del presidente Artur Mas, supone un demérito en ese tipo de convocatorias, lo que dice poco en favor de sus responsables. La fuga de capital, por tanto, no ha hecho más que empezar y algunas patronales ya advierten de ello.

Hay un colectivo que ya se está frotando las manos con estos vaivenes fiscales, el de la abogacía, pues la recuperación del impuesto de sucesiones y la reducción del mínimo exento del de patrimonio, presagia un alud de cambios de direcciones sociales e incluso particulares.