El PSOE puso límites a la justicia universal con Zapatero en Moncloa

Sin embargo, fue el propio gobierno socialista el que en junio de 2009, con Zapatero en La Moncloa, modificó este mismo precepto y estableció las primeras limitaciones a una jurisdicción universal que desde 1985 había tenido un carácter absoluto, desde el momento en que establecía la competencia de los tribunales españoles para conocer de los hechos cometidos por nacionales o extranjeros fuera de España susceptibles de tipificarse como alguno de los siguientes delitos: genocidio y lesa humanidad, terrorismo, piratería y apoderamiento ilítico de aeronaves, delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores, tráfico ilegal de drogas, tráfico ilegal de personas o ablaciones.

Con el caso Pinochet (1998) —el procedimiento abierto por Garzón por los crímenes de la dictadura chilena—, el PSOE ya puso las cartas sobre la mesa, cuando el expresidente Felipe González confesó que se oponía a que se le juzgara fuera de aquel país. «Creo en la territorialidad de la aplicación del derecho penal», dijo.

No sería hasta junio de 2009, cuando el PSOE llevó a cabo una modificación sustancial de la jurisdicción universal al restringir las investigaciones a los casos en los que los hechos tuvieran algún vínculo con España, bien por la nacionalidad de la víctima, bien porque el responsable de esos hechos estuviera en suelo español.

Al artículo 23.4. se añadía esta apostilla: «Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios internacionales (...), para que puedan conocer los tribunales españoles de los anteriores delitos deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España, y en todo caso, que en otro país competente o en el seno de un tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles».

¿Qué había pasado para que el Gobierno de Zapatero decidiera poner límites a la jurisdicción universal? Cuatro años antes, en septiembre de 2005, el Tribunal Constitucional había abierto la veda a la interposición de querellas contra presidentes, expresidentes y militares de diferentes gobiernos por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones. La sentencia del TC, que amparó la investigación sin límites del genocidio del pueblo maya, modificó el que hasta entonces había sido el «modus operandi» de la Audiencia: la instrucción de causas en las que solo había víctimas españolas.

Vinculados por esa doctrina, los seis juzgados de la Audiencia Nacional llegaron a acumular trece causas relacionadas con delitos de lesa humanidad: Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Marruecos, Ruanda, Alemania, Israel, China... En muchos casos en contra del criterio de la Fiscalía, al frente de la que estaba Cándido Conde-Pumpido, que llegó a acusar a Garzón de «instrumentalizar» la Audiencia Nacional por querer investigar presuntas torturas de Guantánamo.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, compartía esta opinión, hasta el punto de que fue él quien promovió ese acuerdo entre PSOE, CiU y PNV para «situar la jurisdicción universal en su justo contenido». Lo hizo en un momento en que el juez Fernando Andreu había admitido una querella contra un exministro y seis militares israelíes por un ataque del Ejército israelí sobre Gaza en 2002, en el que murieron un líder de Hamás y 14 civiles, y en el que el juez Pedraz había pedido interrogar a tres ministros chinos por la «represión» en el Tíbet.

El trasfondo del asunto lo había revelado sin tapujos el entonces presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar: «No podemos convertirnos en los gendarmes judiciales del mundo ni estar en el conflicto diplomático diario». Algo de aquello debía haber, porque el 15 de octubre de 2009 el presidente israelí, Simon Peres, agradecía públicamente a Zapatero el archivo de la causa abierta contra quienes, según palabras del propio Peres, «no han hecho si no defender las vidas de su pueblo».