Las constructoras denuncian bajas temerarias de hasta el 50% en los contratos públicos
ANCI pide una inversión pública adicional de hasta 6.000 millones de euros para 2016

La patronal de la construcción ANCI, que celebró ayer su asamblea general, denunció ayer la «escalada de bajas» que están proliferando desde 2010 , debido a la caída de la obra civil durante estos años y a que la administración otorga prioridad al precio frente a otros factores a la hora de adjudicar una obra. El presidente de esta organización, Jaime Lamo de Espinosa, subrayó que estas rebajas han alcanzado un promedio del 41% durante los primeros meses del año, «en detrimento de la rentabilidad de las empresas y de la viabilidad de la propia obra».
El también exministro de Agricultura durante el gobierno de la UCD a partir de 1979 subrayó que estas bajas «temerarias» llegaron en algunos casos a un 50% del importe de la obra, lo que revierte en detrimento del propio proyecto y resultan «difíciles de aceptar solventemente». En este sentido, propuso a las «administraciones (en especial, a la central)» tomar medidas para contener estas maniobras por parte de las compañías , como imponer «topes».
El presidente de ANCI solicitó al Ejecutivo una inversión pública adicional de entre 5.000 y 6.000 millones de euros para los Presupuestos Generales del Estado de 2016 , aprovechando la mejor coyuntura económica y pese a que el volumen de licitación de todas las administraciones alcanzó los 13.000 millones de euros en 2014, un 43% más que durante el ejercicio anterior. «No hay que olvidar que durante el ejercicio 2012 había alcanzado un mínimo histórico», recuerdan estas compañías.
«Hay necesidad de obra pública», remachó Lamo de Espinosa, quien hizo hincapié en las infraestructuras del ciclo del agua y las ferroviarias de mercancías. En cuanto al sector inmobiliario, aseguró que la vivienda «ha culminado su ajuste después de seis años de contracción». Descartó, no obstante, que se produzcan los excesos del pasado. «No volveremos a ser un país que construye 600.000 viviendas por año». Y apuntó a una cifra de entre 100.000 y 150.000 inmuebles como «un objetivo razonable según la demanda demográfica previsible».
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